Firmas de convenios y contratos antes de la Ley de Garantías generan cuestionamientos por posible riesgo a la transparencia.
Un nuevo debate golpea al Gobierno del presidente Gustavo Petro luego de que se revelara un inusual aumento en la firma de contratos durante las horas y días previos a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, norma que empezó a regir el 8 de noviembre y limita la contratación estatal en tiempos preelectorales. Las alertas fueron encendidas por la representante a la Cámara Katherine Miranda y el concejal de Bogotá Daniel Briceño, quienes señalaron posibles afectaciones al control fiscal.
Miranda denunció que, en menos de un día, el Ejecutivo habría suscrito contratos por más de 1,5 billones de pesos, lo que calificó como una acción contraria al espíritu de la ley. También afirmó que, en la semana previa a la restricción, se firmaron convenios interadministrativos que superarían los 9 billones de pesos. Para la congresista, estas decisiones representan un golpe a la transparencia y ameritan la intervención urgente de los organismos de control.
El concejal Briceño también cuestionó la magnitud de los recursos comprometidos, aunque con diferentes cifras. Según sus registros, entre el 1 y el 7 de noviembre el Gobierno habría celebrado convenios por 2,1 billones de pesos, muchos dirigidos a organizaciones indígenas y a actividades de carácter político y cultural. Briceño insistió en que la Contraloría debe revisar a fondo el destino y justificación de estos recursos.
Las críticas se han trasladado a las redes sociales y al debate público, donde se pide claridad sobre la naturaleza de los contratos firmados antes de la ley. Mientras tanto, sectores de oposición exigen transparencia y vigilancia, alegando que movimientos de esta magnitud, ejecutados horas antes de la restricción, podrían vulnerar los principios de imparcialidad y buen uso del dinero público.