Se revisan esquemas de protección y se exige al Estado reforzar la seguridad de funcionarios penitenciarios y sus familias.
La Procuraduría General de la Nación abrió actuaciones preventivas para verificar las condiciones de seguridad del director y del subdirector de la cárcel de Rivera, luego del ataque sicarial ocurrido el pasado 13 de enero en la vía Neiva–Rivera, que terminó con la muerte de un niño de 11 años, hijo del director del penal, y dejó gravemente herido al subdirector del centro de reclusión.
Según informó el Ministerio Público, las verificaciones buscan establecer si los funcionarios contaban con esquemas de protección adecuados, si existían amenazas previas y qué respuesta habrían tenido por parte de las autoridades competentes. La Procuraduría expresó su rechazo al ataque y manifestó su solidaridad con la familia del menor fallecido, al tiempo que hizo un llamado al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Pública para reforzar el control territorial y el pie de fuerza en el departamento del Huila.
El atentado se registró en horas de la mañana cuando el director del establecimiento carcelario, su hijo, el subdirector y el conductor se desplazaban en un vehículo particular. De acuerdo con información oficial, dos hombres en motocicleta interceptaron el automotor y dispararon en repetidas ocasiones. El menor recibió un impacto en la cabeza que le causó la muerte, mientras que el subdirector resultó con heridas de gravedad. El hecho es investigado por la Fiscalía General de la Nación, que adelanta labores de recolección de pruebas y análisis de cámaras de seguridad.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo advirtió que este ataque no es un hecho aislado, sino parte de una serie de agresiones contra funcionarios del Inpec en distintas regiones del país. La entidad exigió al Estado medidas inmediatas y efectivas de protección para el personal penitenciario y sus familias, y reiteró la necesidad de una política estructural que garantice su vida e integridad. Además, anunció acompañamiento institucional a las víctimas y seguimiento permanente a las actuaciones de las autoridades, en un caso que vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan quienes trabajan en el sistema carcelario colombiano.