La Procuraduría alertó sobre el vencimiento del contrato fiduciario el 31 de octubre de 2026 y exigió respuestas para garantizar la atención médica de los docentes y sus familias.
La Procuraduría General de la Nación advirtió acerca de la próxima terminación del contrato fiduciario que permite administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), prevista para el 31 de octubre de 2026. Ante la cercanía de esta fecha, el organismo de control solicitó al Consejo Directivo informar qué decisiones se han tomado para garantizar la continuidad de la administración del Fondo y evitar interrupciones en los servicios de salud, así como en el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas de los docentes.
La preocupación también está en las cuentas. Aunque el Consejo Directivo del FOMAG aprobó recientemente un traslado presupuestal de $859 mil millones para fortalecer el componente de salud, persiste un faltante estimado de $1,84 billones para cubrir las necesidades proyectadas durante la vigencia 2026. Por ello, la Procuraduría pidió detalles sobre las gestiones adelantadas ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los recursos adicionales solicitados, el estado de los trámites y las medidas de contingencia previstas si el dinero no llega oportunamente.
El organismo de control advirtió que las dificultades financieras y contractuales no pueden afectar la continuidad, oportunidad y calidad de la atención de los afiliados al FOMAG. En consecuencia, requirió información prioritaria sobre las decisiones adoptadas para asegurar el funcionamiento del Fondo a partir del 1 de noviembre de 2026, así como los soportes de las gestiones presupuestales para cubrir el déficit de recursos destinados a la salud del magisterio.
La Procuraduría reiteró que su intervención es de carácter preventivo y busca que las autoridades competentes actúen a tiempo para proteger los derechos fundamentales de los docentes y sus familias. El llamado se concentra en dos asuntos importantes: asegurar la continuidad del contrato fiduciario y garantizar los recursos necesarios para financiar la atención en salud, sin interferir en las decisiones administrativas y contractuales que corresponden a las entidades responsables.