El Tribunal Superior de Bogotá resolvió la tutela interpuesta por Álvaro Uribe Vélez y ordenó su liberación inmediata, dejando sin efecto la detención domiciliaria que había sido impuesta tras la condena en primera instancia.

La decisión sostiene que la jueza que ordenó la medida restrictiva no fundamentó de manera sólida las razones para privarlo de la libertad antes de que existiera una sentencia definitiva. Según el fallo, los argumentos presentados fueron vagos y contradictorios, en especial frente a la supuesta posibilidad de fuga, ya que el expresidente siempre ha respondido a los llamados de la justicia y cuenta con condiciones de arraigo y visibilidad que hacen inviable esa hipótesis.

Con esta determinación, Uribe continuará en libertad mientras se estudia la apelación presentada por su defensa contra la sentencia condenatoria de 12 años.

 

Reacciones políticas

La noticia generó de inmediato un profundo contraste en el escenario político nacional:

En el uribismo y en el Centro Democrático, la decisión fue recibida como una reparación a los derechos fundamentales de su líder. Dirigentes como María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Andrés Forero y Gabriel Vallejo resaltaron que la medida devuelve garantías al expresidente y corrige lo que consideran un abuso judicial. Para ellos, Uribe ahora podrá enfrentar el proceso con plena libertad y sin la presión de una detención que calificaban de arbitraria.

Desde la oposición, la reacción fue de inconformidad. Voces críticas señalaron que la libertad no equivale a inocencia y que el fallo envía un mensaje negativo para las víctimas y para la credibilidad de la justicia. Líderes como Claudia López insistieron en que el expresidente mantiene una gran influencia política y mediática, lo cual podría dificultar el avance transparente del proceso. Por su parte, Iván Cepeda (senador, víctima dentro del proceso): dijo que es un retroceso en la búsqueda de justicia y que la decisión envía un mensaje de impunidad.

Sectores independientes recordaron que este es apenas un paso procesal y que la discusión de fondo sigue abierta. Aseguran que la apelación será el escenario donde realmente se definirá la solidez de la condena o la eventual absolución del exmandatario.

 

La libertad de Álvaro Uribe no cierra su caso judicial, pero sí reconfigura el ambiente político y social. Para sus seguidores, es una victoria en defensa de sus derechos; para sus detractores, un revés en la búsqueda de verdad y justicia. Lo cierto es que el debate seguirá vivo en los estrados y en la arena pública, marcando el pulso de un país profundamente dividido frente a la figura del expresidente.

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