Arias, tiene cinco días hábiles, contados desde este jueves 27 de noviembre, para responder por presunta financiación irregular y posibles falsedades en la rendición de cuentas de su campaña.
Según el ciudadano Pedro Pablo Zambrano Morales, autor de la acción jurídica interpuesta ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), existen indicios de una posible financiación irregular en la campaña del hoy diputado Arnulfo Andrés Arias Quintana. Lo que más le llamó la atención —afirma— fue el uso de personas en situación de pobreza y vinculadas al SISBÉN, quienes aparecen como aportantes de sumas que superarían los 20, 30 y hasta 40 millones de pesos. “Yo no sé de dónde una ama de casa o una persona en condición casi paupérrima puede sacar 25 o 30 millones de pesos para una campaña. Eso es muy sensible, es un tema ético y grave para la democracia”, sostuvo.
Zambrano explica que a la democracia se llega por convicción y no mediante prácticas que burlen la ley ni el sentido moral del ejercicio público. Por eso pidió al CNE revisar las cuentas entregadas por el diputado, donde —según él— se reportan gastos cercanos a los 150 o 200 millones de pesos, cifra que no coincide con lo que se vio en campaña: vallas, afiches, gorras, camisetas y presencia masiva en el Día de Elecciones. “Mentirle al Consejo Nacional Electoral es gravísimo. No se le miente a cualquier persona, se le miente a la autoridad electoral del país. Eso podría configurar falsedad en documento público e incluso fraude procesal”, advirtió.
La acción presentada por Zambrano ya fue admitida y se tramita bajo el número CNE-E-DG-2025-04267. El diputado Arias Quintana —inscrito por la coalición Colombia Justas Libres y Partido Demócrata Colombiano— deberá responder en un plazo de cinco días hábiles contados desde la notificación recibida este jueves 27 de noviembre. Tendrá que aportar las declaraciones de renta del 2024 de todas las personas que figuran como financiadoras, y demostrar que ninguna tiene vínculo contractual con entidades estatales antes, durante o después de su campaña. De comprobarse que aparecen contratistas del Estado en la lista, la situación podría escalar a otro nivel jurídico.
“Que no digan que esto es personal o por intereses. Nunca he pedido contratos ni puestos. Lo hago porque he sido servidor público y tengo la obligación de defender la moral pública y respetar al ciudadano”, afirmó Zambrano, quien asegura que existen otras denuncias en curso y más elementos por revelar. “Nosotros no podemos permitir que se use la pobreza para amarrar votos ni que se engañe al Estado. Estaremos atentos al debido proceso”, concluyó.