El decreto cambia la carga histórica del Estado y, según los gremios, podría reducir el número de pensionados y forzar a los afiliados a trabajar hasta dos décadas más.
El Decreto 1485 de 2025, expedido por el Gobierno Nacional y firmado por el Ministerio de Hacienda al cierre del año, abrió el 2026 con una nueva controversia en el sistema pensional. La norma modifica el mecanismo mediante el cual la Nación compensaba a las aseguradoras por el mayor costo que genera el aumento del salario mínimo en las pensiones mínimas bajo la modalidad de renta vitalicia, tanto inmediata como diferida. Aunque el Ejecutivo sostiene que el ajuste busca corregir desequilibrios técnicos y fiscales acumulados desde 2016, el cambio ha sido interpretado por expertos y gremios como un traslado directo del costo a los trabajadores.
Las reacciones del sector no se hicieron esperar. Asofondos y Fasecolda, en pronunciamientos públicos y documentos técnicos enviados al Ministerio de Hacienda, advirtieron que el nuevo esquema encarece de forma sustancial el acceso a la pensión y podría reducir el número de personas que logran jubilarse. Según sus estimaciones, los afiliados tendrían que incrementar su ahorro en cerca de un 30 % para acceder a una renta vitalicia, lo que, en la práctica, obligaría a muchos colombianos a trabajar entre 15 y 20 años más, sin que haya cambiado la edad legal de pensión.
El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, señaló que uno de los impactos más sensibles del Decreto 1485 es el aumento del capital requerido para obtener una pensión mínima. De acuerdo con sus cálculos, si antes se necesitaban alrededor de $350 millones, ahora se requerirían cerca de $200 millones adicionales, como consecuencia directa del cambio regulatorio. Asofondos insiste en que esta afectación no obedece a menores cotizaciones ni a trayectorias laborales más cortas, sino exclusivamente a una modificación normativa que reduce la capacidad del sistema para garantizar ingresos adecuados en la vejez.
La controversia también tuvo efectos políticos y administrativos dentro del propio Gobierno. Mónica Higuera, entonces directora de la Unidad de Regulación Financiera (URF), presentó su renuncia tras expresar desacuerdos técnicos con la orientación de estas medidas. A la crítica se sumó el presidente de Fasecolda, Gustavo Morales, quien advirtió que el decreto podría derivar en pensiones más bajas y mayor desprotección en invalidez y sobrevivencia. Mientras el Gobierno defiende el ajuste como una medida de sostenibilidad fiscal, el debate deja abierta una pregunta de fondo: ¿quién está asumiendo realmente el costo de corregir los desequilibrios del sistema pensional?