Tras dos días del anuncio, la Fiscalía avanza y expertos advierten condenas severas si hay responsabilidad penal.
Han pasado dos días desde que la Fiscalía General de la Nación presentó ante el Tribunal Superior de Bogotá la solicitud de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El alto tribunal deberá decidir en las próximas horas si ambos enfrentarán el proceso desde un centro carcelario, en un giro judicial que marca uno de los momentos más delicados del caso.
La Fiscalía les atribuye la presunta comisión de tres delitos: concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Según expertos en derecho penal, de ser hallados responsables podrían enfrentar penas superiores a los doce o incluso quince años de prisión, debido a la gravedad de los hechos y la posible concurrencia de delitos. Juan Francisco Navarrete, consultor jurídico, explicó que el Código Penal contempla aumentos significativos cuando se trata de servidores públicos o de estructuras organizadas con fines ilícitos.
Los exministros ya manifestaron sus primeras reacciones. Luis Fernando Velasco aseguró que entregará todo el material probatorio para desmontar lo que considera montajes judiciales, recordando que en el pasado fue absuelto por un proceso similar. Por su parte, el abogado de Ricardo Bonilla, Mauricio Pava, afirmó que su defendido ha cumplido cada requerimiento judicial y no hay un solo contrato firmado por él en los proyectos investigados. Incluso, entregó su pasaporte y acredita arraigo para demostrar que no representa riesgo de fuga.
Mientras se agendan las audiencias, la Fiscalía insiste en que la complejidad del caso y la multiplicidad de delitos justifican la solicitud de reclusión en centro carcelario. La defensa de Bonilla sostiene que el Ministerio de Hacienda solo tenía control técnico de los proyectos y no la potestad contractual, que recaía sobre la UNGRD. Con el reloj judicial en marcha, el Tribunal de Bogotá deberá definir si los exfuncionarios responden en libertad o si empieza para ellos una batalla judicial desde prisión.