“Todos les fallamos”, dijo Astrid Cáceres, mientras la Defensoría atribuye la responsabilidad al reclutamiento forzado de alias Iván Mordisco.
La muerte de siete menores de edad en el bombardeo contra las disidencias de las Farc en Calamar, Guaviare, desató fuertes reacciones institucionales. La directora del ICBF, Astrid Cáceres, lamentó profundamente lo ocurrido y aseguró que el país enfrenta una tragedia que pone en evidencia fallas del Estado y la crueldad de los grupos armados que siguen vinculando a adolescentes a la guerra.
Cáceres advirtió que las disidencias del EMC están usando a menores como parte de sus estructuras para evitar ser detectados en operaciones militares, una práctica que calificó como “repudiable” y que hace imposible separar a los niños de los adultos en medio del combate. Según Medicina Legal, entre las 20 personas muertas había siete adolescentes reclutados previamente por la estructura de alias Iván Mordisco.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, también reaccionó y señaló que la responsabilidad principal recae en las disidencias que reclutan y exponen a menores en zonas de alto riesgo. “Los usan como carne de cañón y los ponen directamente en la línea del fuego”, afirmó, al pedir que se refuercen las alertas tempranas y los esfuerzos humanitarios para sacar a los adolescentes de las filas armadas.
Cáceres llamó a una movilización nacional para exigir la devolución inmediata de todos los niños reclutados y recordó que funcionarios del ICBF y comunidades indígenas han sido amenazados o asesinados en misiones de rescate. Su mensaje final fue contundente: “Devuelvan a los niños. No pueden seguir condenándolos a la muerte”.