Funcionarios deberán limitar desplazamientos y priorizar canales virtuales ante el deterioro del orden público en Colombia
La Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas frente al creciente deterioro de la seguridad en el país y emitió un memorando ejecutivo con medidas urgentes para proteger a sus funcionarios en territorio.
El documento, de dos páginas y firmado por la División de Seguridad, advierte que la ola de atentados y amenazas terroristas exige replantear la presencia institucional en zonas de riesgo. “La seguridad de los funcionarios debe ser una prioridad innegociable, a través de la reducción de desplazamientos de alto riesgo, con el propósito de preservar la vida, salvaguardar las actuaciones misionales y mantener la estabilidad institucional en tiempos de crisis”, señala el texto.
Restricción de viajes y presencia en regiones
De acuerdo con la instrucción, los procuradores y servidores deberán limitar al máximo los desplazamientos presenciales hacia municipios apartados o con antecedentes de violencia, priorizando la atención a través de canales virtuales.
Las invitaciones a eventos institucionales, sociales o recreativos en lugares alejados del casco urbano deberán ser evaluadas previamente: la orden es “analizar la pertinencia” de asistir para evitar exposición en territorios de alto riesgo.
Recomendaciones estrictas de seguridad
Entre las directrices más relevantes, la Procuraduría ordena:
Establecer rutas seguras y evitar zonas periféricas o sin presencia de la Fuerza Pública.
Consultar previamente con las unidades de apoyo de cada jurisdicción antes de un desplazamiento.
Atender los reportes de ‘Contextos de Seguridad’ elaborados por la División de Seguridad.
Mantener un comportamiento discreto, evitando aglomeraciones, desplazamientos innecesarios y portar elementos que los puedan identificar como blancos de alto valor.
Coordinar con la Fuerza Pública y autoridades locales cada visita al territorio.
Golpe a la presencia institucional
Estas medidas implican que los procuradores tendrán menos contacto directo con la ciudadanía en las regiones, lo que podría limitar el acceso de la población a la entidad. Sin embargo, la instrucción es clara: la prioridad es preservar la vida de los funcionarios y asegurar la continuidad de las misiones constitucionales en medio de la crisis de orden público.
El ente de control enfatizó que los equipos deberán ser conscientes de las dinámicas del terrorismo, planear cada desplazamiento con minuciosidad y evaluar con cuidado hasta las actividades recreativas organizadas por gobiernos locales.
Con este memorando, la Procuraduría deja en evidencia la gravedad de la coyuntura actual y envía un mensaje contundente: la seguridad institucional no se negocia frente a la amenaza creciente de la violencia en Colombia.