Presidente Petro negó la existencia de empresas privadas de seguridad creadas por su Gobierno y pidió una revisión urgente de las licencias de armas, mientras el escándalo por las presuntas filtraciones a disidencias sacude a la DNI y al Ejército.
Tras la tensión política que desató la investigación de Noticias Caracol sobre supuestos nexos entre miembros del Gobierno y disidencias de las Farc, el presidente Gustavo Petro lanzó una frase contundente en su alocución la noche anterior : “Me pareció interesante descubrir la mentira. No era Wilmar”. El mandatario defendió al director de inteligencia suspendido, Wilmar Mejía, y aseguró que los audios revelados “no tienen su voz” y que fueron manipulados con intención de desviar la atención pública.
El Presidente también desmintió categóricamente que desde su administración se hayan creado empresas fachada de seguridad privada con participación de actores ilegales. Por el contrario, anunció una revisión minuciosa de las licencias de porte de armas y de los archivos oficiales del Ejército para esclarecer inconsistencias que, según él, vienen de gobiernos anteriores. Señaló que existe una diferencia de “60 mil armas entre los registros de superseguridad y los del Ejército”.
El pronunciamiento de Petro se dio luego de que la Procuraduría suspendiera provisionalmente a Mejía y al general Juan Miguel Huertas, implicados en la investigación. El jefe de Estado afirmó que la información divulgada “no pasó por exámenes forenses confiables” y que debe ser la justicia quien determine la autenticidad del material. Enfatizó que “el peor peligro para el Estado es la infiltración del crimen en la institucionalidad”, señalando que su gobierno ha denunciado seis empresas de seguridad vinculadas a estructuras criminales.
El expresidente del Congreso, Ernesto Macías, afirmó que “no fue la infiltración; fue Petro quien abrió la puerta”, sugiriendo que la Paz Total habría facilitado el ingreso de grupos ilegales al Estado. Macías aseguró que “aún falta para conocer toda la verdad” y pidió que la Fiscalía acelere las investigaciones sobre los archivos de alias ‘Calarcá’.