Conozca las razones por las que se hunde la Reforma a la Salud del Gobierno Petro.
La mañana de este martes, la Comisión Séptima del Senado archivó oficialmente la reforma a la salud impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Con una votación de 8 votos a favor y 5 en contra, el proyecto fue hundido en su tercer debate, marcando su segundo fracaso en el Congreso de la República. La votación fue confirmada oficialmente por la Secretaría de la Comisión, que anunció el archivo definitivo del proyecto tras el conteo final.
La iniciativa llevaba varios meses en discusión dentro de la Comisión Séptima, en medio de varios reparos por parte de congresistas que advirtieron inconsistencias financieras. Uno de los principales cuestionamientos fue que la reforma estaba atada al Presupuesto General de la Nación de 2026 y a una ley de financiamiento que también fue archivada por el Congreso.
Desde la oposición, el exconcejal y candidato a la Cámara por Bogotá Daniel F. Briceño y el analista político y abogado Ricardo Arias Macías calificaron la iniciativa como “nefasta” y sin sustento técnico ni financiero, mientras que el exministro Alejandro Gaviria aseguró que el proyecto cayó por ser “malo y disfuncional”, al no prever una transición ordenada ni una alternativa viable para el sistema. La senadora Norma Hurtado, del Partido de la U, advirtió que la reforma estaba desfinanciada en cerca de 26 billones de pesos, lo que —según dijo— habría puesto en riesgo la atención, los tratamientos y el suministro de medicamentos.
Desde el sector salud, Ana María Vesga, presidenta de la asociación que reúne las EPS de régimen contributivo (Acemi), sostuvo que el archivo obedeció a la incapacidad de articular una visión compartida del sistema entre los actores y sectores políticos. No obstante, el senador Fabián Díaz del partido Alianza Verde, confirmó la radicación de la apelación ante la mesa directiva y la plenaria del Senado, postura respaldada por el congresista del Pacto Histórico Wilson Arias, quien calificó la decisión de la Comisión Séptima como “injustificable” y afirmó que perpetúa el modelo de negocio de las EPS.