El fallo de esta mañana abre un nuevo capítulo electoral y desata una ola de pronunciamientos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió esta mañana sancionar la campaña Petro Presidente 2022 por violación de topes electorales, en una votación de 6-3 que respaldó la ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz. Según el alto tribunal, la campaña superó los límites legales por más de 3 mil 500 millones de pesos y declaró responsables al entonces gerente Ricardo Roa, la tesorera Lucy Aydée Mogollón, los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus, así como a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP). Se trata de la primera vez en la historia que una campaña presidencial es sancionada por este órgano electoral.

Las reacciones en el mundo político no se hicieron esperar. Gabriel Becerra, director de la UP, rechazó la decisión y afirmó que los sectores de oposición dentro del CNE “atentan contra la democracia”. La senadora Isabel Zuleta fue más allá y denunció una supuesta persecución política: aseguró que incluso un conjuez que participó en la votación es abogado de Federico Gutiérrez, razón por la cual —según ella— debió declararse impedido. Desde su sector insisten en que las cuentas fueron revisadas y aprobadas previamente por el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales.

La oposición, en cambio, celebró la decisión. El representante Julio César Triana pidió que la Comisión de Acusaciones avance en el proceso contra el presidente, mientras que Andrés Forero y Juan Espinal exigieron la salida inmediata de Ricardo Roa de Ecopetrol. El senador Carlos Fernando Motoa sostuvo que esta determinación arroja dudas sobre la procedencia de los recursos y afirmó que el Pacto Histórico “ganó con trampa”. La senadora María Fernanda Cabal fue contundente al señalar que “no sabemos cuánto recibieron de los ilegales”, comparando este caso con episodios archivados en campañas anteriores.

El fallo también pone presión jurídica y política para lo que viene: la decisión será remitida a la Fiscalía y a la Comisión de Acusaciones, y abre el camino para procesos administrativos y eventualmente penales. La campaña podrá interponer recurso de reposición, pero el impacto ya se siente. La mañana de hoy no solo marca una sanción sin precedentes, sino el inicio de una disputa narrativa en la que cada sector busca capitalizar un mismo hecho: la sanción del tribunal electoral que hoy movió las fichas del tablero político colombiano.

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