Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación revela que 195 aspirantes al Senado y la Cámara presentan investigaciones, antecedentes judiciales o presuntos vínculos con clanes políticos.
A pocos días de las elecciones legislativas, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) revisó 3 mil 144 candidaturas y encontró 195 con algún tipo de cuestionamiento: 78 al Senado, 111 a la Cámara y 6 de circunscripciones especiales. Según el informe, 99 aspirantes tienen procesos judiciales, fiscales o disciplinarios; 78 estarían vinculados a clanes políticos; y varios registran más de una categoría de observación. Por partidos, el Partido Liberal Colombiano encabeza la lista con 33 casos, seguido del Partido Conservador Colombiano con 32, el Partido de la U con 29 y Cambio Radical con 24, que en conjunto concentran más del 60 % del total.
En el plano nacional, entre los nombres de mayor visibilidad aparecen figuras como Álvaro Uribe Vélez, Nadia Blel, David Barguil, Miguel Ángel Barreto, Marcos Daniel Pineda, Juan Diego Gómez, Richard Aguilar, David Racero y Marta Peralta, entre otros incluidos en distintas categorías del reporte. Pares precisa que la información se construyó a partir de decisiones judiciales, registros oficiales y bases de datos públicas.
En el contexto regional, Huila y Cundinamarca también registran aspirantes en el listado. En Huila figuran el exalcalde de Neiva Gorky Muñoz y el dirigente Carlos Cuenca, mientras que en Cundinamarca aparecen candidatos a Cámara como Oscar Hernán Sánchez León, Jhonatan Ferney Pulido Hernández, José Caicedo Bernal y Carlos Alberto Ríos Pulgarín, con observaciones relacionadas con investigaciones o antecedentes administrativos.
El informe de Pares concluye que el fenómeno de candidaturas cuestionadas no es aislado ni regional, sino estructural en el sistema político colombiano. La organización advierte sobre la persistencia de clanes familiares, redes clientelares y aspirantes con procesos en curso que siguen logrando avales partidistas. El documento, de carácter pedagógico y preventivo, busca aportar insumos para el análisis público y promover mayor transparencia en la competencia electoral, de cara a una jornada que definirá la nueva composición del Congreso.