En el Día de la Lucha contra la Corrupción, el Presidente Abelardo De La Espriella destacó que no le corresponde al Ejecutivo establecer responsabilidades penales, disciplinarias o fiscales, sino poner la información en conocimiento de las autoridades.

Presidente y Vicepresidente entregaron 82 grandes hallazgos de presuntos hechos de corrupción del Gobierno del Cambio. Ahora la responsabilidad recae en los Entes de control: Contraloría, Procuraduría y Fiscalía.

El Libro de la Verdad es un informe oficial de 135 páginas presentado en agosto de 2026 por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo. El documento recopila más de 80 denuncias sobre presuntas irregularidades y malos manejos administrativos de la administración del expresidente Gustavo Petro.

El documento fue entregado formalmente a los órganos de control (Fiscalía, Procuraduría y Contraloría) para que inicien las investigaciones correspondientes.

Mientras el oficialismo lo califica como un ejercicio de transparencia, sectores de la oposición lo señalan de ser un instrumento de confrontación política sin sentencias judiciales en firme.

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​Presidente anu​nció política contra la corrupción

​Asimismo, el Presidente afirmó que su Administración tendrá una política de “cero tolerancia» frente a la corrupción y ordenó a ministros, directores y altos funcionarios identificar posibles focos de irregularidades, documentarlos y reportarlos de manera inmediata a las autoridades.

“Mi Gobierno será implacable contra la corrupción», recalcó.

Como parte de esta estrategia, anunció que las entidades estatales deberán incorporar herramientas de inteligencia artificial, sistemas avanzados de análisis de datos, mecanismos de trazabilidad digital y otras tecnologías para fortalecer el seguimiento a los recursos públicos.

“Quiero que cada peso pueda ser rastreado desde el mismo momento en que sale del tesoro hasta el instante en que cumple la finalidad para la cual fue destinado», resaltó.

Agregó que estas herramientas tecnológicas deberán permitir detectar posibles anomalías, sobrecostos, contrataciones sospechosas, concentraciones indebidas y patrones relacionados con proveedores que contraten reiteradamente con distintas dependencias del Estado.

“No esperemos a que el daño esté hecho. La corrupción se combate antes, durante y después», aseveró el Presidente, quien añadió: “Robarle al Estado es robarle al ciudadano».

 

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