Abelardo De la Espriella tendrá que presentar antes del 26 de agosto una nueva propuesta ante el Congreso, en medio del debate por los recortes, el gasto social, una eventual ley de financiamiento y la falta de margen para nuevo endeudamiento.
El Gobierno de Abelardo De la Espriella deberá presentar ante el Congreso, antes del 26 de agosto, un nuevo proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, luego de que fuera devuelto el proyecto radicado por la administración de Gustavo Petro, que presentaba un desfinanciamiento de $30 billones. El nuevo Ejecutivo ya ha planteado que tendrá que hacer ajustes, pero el debate político se concentra ahora en cómo cubrir ese faltante y qué rubros terminarán afectados.
Desde el Congreso ya hay una advertencia, los recortes no podrán hacerse a costa de la inversión ni de los programas sociales. La posición planteada es que cualquier ajuste debe proteger el gasto destinado a la atención de los ciudadanos y programas como Colombia Mayor y Colombia Joven. También se anticipa una discusión sobre los gastos de funcionamiento del Estado, con propuestas como fusionar entidades, revisar dependencias que puedan estar duplicando funciones y evaluar la estructura actual de algunos ministerios.
Entre las alternativas mencionadas aparece precisamente una revisión al Ministerio de Educación, bajo el argumento de que cerca del 90 % de su presupuesto de funcionamiento no corresponde a inversión y que los resultados del sector deben llevar a revisar la manera en que se están destinando esos recursos. También se plantea revisar la contratación y las dependencias estatales como parte de lo que se calificó como un deber moral de reducir el tamaño del Estado.
El ajuste, sin embargo, no terminaría allí. La discusión apunta a que necesariamente deberá presentarse una ley de financiamiento o una reforma para obtener mayores ingresos, lo que implicaría que los ciudadanos tendrían que aportar más. Además, si el Gobierno entrante quiere cerrar el año con mayor disponibilidad de caja, tendría que presentar máximo en septiembre un proyecto de cupo de endeudamiento. En contraste, el recorte a las órdenes de prestación de servicios aplicado por el Gobierno Petro y cuya vigencia termina en su mayoría en diciembre solo representaría entre $1 y $2 billones de reducción, una cifra insuficiente frente a los $30 billones que se requieren para financiar la vigencia de 2027.