La nueva regulación obliga a Bogotá y a municipios de Cundinamarca a restringir la suburbanización y redefine cuánto se puede construir, en medio de alertas por presión ambiental y falta de control territorial.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca aprobó un acuerdo que endurece las reglas para construir en zonas rurales y suburbanas de su jurisdicción, en respuesta al aumento de proyectos que han venido ocupando suelo destinado a actividades agrícolas y de conservación. La medida llega tras varios años en los que el crecimiento urbano se extendió sin mayor contención sobre áreas ambientalmente sensibles.
El nuevo marco fija topes más bajos de suburbanización y obliga a los municipios, así como a Bogotá, a incorporar estos criterios en sus planes de ordenamiento territorial. La decisión se apoya en indicadores que evidencian un deterioro progresivo, presión sobre fuentes hídricas, fragmentación de ecosistemas y ocupación de suelos que ya muestran señales de agotamiento. En varios municipios, incluso, la capacidad ambiental estaría cerca de sus límites.
Uno de los puntos más estrictos es la reducción en la densidad de vivienda campestre, que pasa de ocho a dos unidades en ciertos suelos suburbanos, además de exigir que la mayor parte de los proyectos se destine a conservación ambiental. Aunque la CAR insiste en que no busca frenar el desarrollo, las nuevas condiciones sí representan un cambio fuerte frente a lo que venía ocurriendo en la práctica, donde la expansión inmobiliaria avanzó más rápido que la planificación.
Si bien los municipios mantienen autonomía sobre el uso del suelo, deberán ajustar sus normas a estas determinantes ambientales, equilibrar la necesidad de vivienda y crecimiento con la protección de los recursos naturales en una región donde la expansión urbana lleva años superando la capacidad institucional de vigilancia.