La MOE reportó riesgos en 386 municipios, mientras la Defensoría habló de presiones armadas, desinformación y posibles casos de participación política de funcionarios públicos.
Según reveló La FM, el presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar el software electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil y pidió una auditoría técnica independiente con participación de expertos y campañas políticas. Ante la negativa de la autoridad electoral, el mandatario llamó a millones de ciudadanos a inscribirse como testigos electorales para “disminuir riesgos de fraude”.
Por su parte, Noticias Caracol informó que la Misión de Observación Electoral actualizó el mapa de riesgo por violencia y señaló que 386 municipios del país presentan algún nivel de afectación electoral, de los cuales 139 están en riesgo extremo. Los departamentos con mayor impacto continúan siendo Antioquia, Arauca, Chocó, Cesar y Valle del Cauca, donde persisten enfrentamientos entre grupos armados ilegales y dificultades para el desarrollo de campañas políticas.
La defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, confirmó que la entidad identificó posibles casos de participación en política por parte de funcionarios del Gobierno Nacional y señaló que varias campañas han denunciado presiones de grupos ilegales para favorecer determinadas candidaturas. La funcionaria también habló de restricciones al proselitismo, ataques a publicidad política, desinformación y discursos estigmatizantes durante la campaña presidencial.
A estas preocupaciones se sumó un informe divulgado por El Colombiano, basado en las conclusiones del Encuentro Honda 2026, donde líderes políticos, académicos y representantes de distintos sectores denunciaron que en al menos 168 municipios grupos armados ilegales estarían influyendo en la elección de congresistas y manteniendo control sobre contratación pública y dinámicas territoriales.
El analista político Pedro Viveros aseguró en Noticias Caracol que los grupos armados buscan mantener presencia territorial, económica y social en distintas regiones del país e intentar incidir en el ambiente electoral. Según explicó, aunque estas estructuras no responden necesariamente a ideologías políticas, sí generan afectaciones sobre campañas, liderazgos y comunidades en varias zonas del territorio nacional.