El Gobierno de Abelardo de la Espriella declaró por 30 días el estado de emergencia económica, social y ecológica por grave calamidad pública, tras el sismo del 10 de agosto.
El Gobierno Nacional expidió el decreto que declara el estado de emergencia económica, social y ecológica en Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre, por un término de 30 días. La medida busca conjurar la crisis y evitar la extensión de los efectos del desastre.
Durante el informe de Noticias Uno, se explicó que el decreto, de 29 páginas, contempla facultades extraordinarias para que el Gobierno adopte medidas destinadas a atender la emergencia. Entre las disposiciones mencionadas están la posibilidad de disponer de bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), facilitar contrataciones mediante la figura de supernumerarios y utilizar, bajo la figura de préstamo, recursos del Fondo de Garantías de Estabilización para destinarlos a la reconstrucción y atención de las víctimas.
El decreto establece además que el Gobierno podrá adoptar decretos legislativos con fuerza de ley, así como realizar las operaciones presupuestales y de crédito público necesarias para enfrentar la crisis. También deberá presentar al Congreso un informe motivado sobre las causas de la declaratoria y las medidas adoptadas, mientras la norma fue remitida a la Corte Constitucional para su revisión.
Según lo explicado en el programa, la declaratoria comprende los municipios que registraron afectaciones por el sismo, de acuerdo con el reporte situacional de la UNGRD con corte al 19 de agosto de 2026, así como otros municipios en los que pueda demostrarse una afectación concreta derivada del fenómeno. En el análisis también se plantearon interrogantes sobre la amplitud territorial de la emergencia y el alcance de las facultades otorgadas al Ejecutivo.
En el panel de Noticias Uno, Carlos manifestó preocupación por el alcance de los llamados “superpoderes” y señaló que el decreto debe ser estudiado cuidadosamente. Catalina, por su parte, sostuvo que la declaratoria no constituye un “cheque en blanco” para el Gobierno, debido a los controles constitucionales y al seguimiento sobre los recursos, y consideró que, ante la emergencia, la prioridad debe estar en atender a las personas afectadas y acelerar la respuesta estatal.
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