Audios sobre reuniones, posibles beneficios judiciales y denuncias de interceptaciones ilegales elevan la controversia política en torno a la DNI y el Gobierno Nacional.
El nuevo escándalo político y judicial que estremece al Gobierno del presidente Gustavo Petro gira en torno a audios revelados por la unidad investigativa de Noticias Caracol, en los que se evidencian reuniones reservadas entre Jorge Lemus, entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y el abogado de Diego Marín, alias “Papá Pitufo”, señalado como uno de los mayores contrabandistas del país. En las grabaciones se hablaría de eventuales beneficios judiciales, posibles gestiones frente a la Fiscalía e incluso la opción de vincularlo a la política de “paz total”, generando fuertes cuestionamientos sobre el uso de la inteligencia estatal.
La controversia se amplió luego de que el propio presidente Gustavo Petro hiciera referencia a supuesta información obtenida de conversaciones entre particulares en el caso de los pasaportes, lo que llevó al exdirector de inteligencia Wilmar Mejía a señalar que sí existían órdenes judiciales, pero también a advertir una “imprecisión” en las afirmaciones del mandatario. A partir de allí, la situación tomó otro rumbo al incorporar cuestionamientos sobre eventuales interceptaciones, en medio de referencias que involucraron al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, sin que hasta el momento exista claridad plena sobre el alcance de esos señalamientos.
La candidata a la presidencia y senadora Paloma Valencia calificó el hecho como “gravísimo” y cuestionó que, mientras el país pedía explicaciones por presuntos dineros vinculados a “Papá Pitufo”, desde la DNI se sostuvieran reuniones con su entorno. El senador Carlos Fernando Motoa planteó interrogantes sobre la legitimidad de estos contactos, la posible oferta de beneficios judiciales y el alcance de lo que la entidad de inteligencia conocería sobre la campaña presidencial.
Las críticas también llegaron de la senadora María Fernanda Cabal, quien cuestionó la competencia de exfuncionarios para dialogar con criminales y lanzó preguntas directas al presidente sobre supuestos recursos y reuniones. A su vez, el senador Germán Rodríguez anunció acciones legales ante la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones, denunciando una presunta infiltración criminal en la DNI e incluso interceptaciones ilegales en periodo electoral, lo que, según dijo, apenas sería “la punta del iceberg”.
Mientras tanto, el Gobierno ha respondido negando conocimiento de las reuniones y sugiriendo la existencia de intereses internos que habrían buscado manipular la situación. Sin embargo, las versiones contradictorias, el contenido de los audios y la presión política mantienen abierta una de las crisis más delicadas del sector de inteligencia en los últimos años, con llamados crecientes a esclarecer si hubo uso indebido de la DNI para negociar con estructuras criminales y si, paralelamente, se habrían realizado interceptaciones por fuera del marco legal.
Adenda | ¿Quién es ‘Papá Pitufo’?
Diego Marín, conocido con el alias de “Papá Pitufo”, es señalado por las autoridades como uno de los principales articuladores de redes de contrabando en Colombia, con operaciones que habrían impactado especialmente el ingreso ilegal de mercancías y la evasión de controles aduaneros. Su nombre ha aparecido en varias investigaciones por su presunta capacidad de mover grandes volúmenes de dinero y tejer relaciones con distintos actores.