Así lo señaló el sargento mayor (r) del Ejército Nacional y exsecuestrado durante 12 años por las extintas FARC, al referirse al discurso del Presidente electo sobre la confrontación armada.
Las declaraciones de Delgado Argote se producen luego de que el presidente electo Abelardo de la Espriella anunciara que, desde el 7 de agosto, su gobierno no adelantará nuevos procesos de paz con grupos armados ilegales, eliminará varias consejerías de la Presidencia y reemplazará la figura del Alto Comisionado para la Paz por un Comisionado Nacional de Seguridad, con un enfoque centrado en el sometimiento judicial y el fortalecimiento de la ofensiva contra las estructuras criminales. La decisión fue respaldada por sectores de derecha y aliados del nuevo gobierno, quienes sostienen que la prioridad debe ser la seguridad y que la denominada Paz Total terminó favoreciendo la impunidad, por lo que consideran necesario trasladar el eje de la política hacia la persecución militar y judicial de quienes permanezcan al margen de la ley.
En entrevista con Castro Guerrero Producciones, Delgado Argote aseguró que Colombia necesita una “paz con reglas”, pero reiteró que las víctimas aún esperan verdad, justicia y reparación. Aunque respaldó el fortalecimiento de la Fuerza Pública, advirtió que recuperar el control de regiones como Catatumbo, Cauca y Chocó tomará tiempo y deberá hacerse con absoluto respeto por los derechos humanos. Además, afirmó que cree “más en los hechos que en las palabras” e insistió en que el nuevo gobierno debe concentrarse en gobernar y devolver la seguridad al país.
El expresidente Juan Manuel Santos defendió el Acuerdo de Paz y afirmó que responsabilizarlo por el fortalecimiento de las disidencias es desconocer la realidad del conflicto. El senador Iván Cepeda cuestionó el rumbo anunciado por el nuevo gobierno, mientras Roy Barreras sostuvo que la institucionalidad de paz tiene respaldo legal y constitucional y no puede eliminarse mediante un decreto. El senador Duvalier Sánchez recordó que el Acuerdo de Paz constituye una política de Estado y advirtió que cualquier modificación de fondo deberá pasar por el Congreso. Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal respaldó con firmeza la decisión de Abelardo de la Espriella, celebró el desmonte de las mesas de diálogo y la reestructuración de las oficinas de paz, reiterando que “la paz no se negocia, se impone”. El senador y analista político Ariel Ávila calificó los anuncios sobre la institucionalidad de paz y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como una combinación de “populismo barato e ignorancia”.
Adicionalmente, se sumó la carta enviada por los firmantes del Acuerdo de Paz, encabezados por Rodrigo Londoño, quienes reiteraron su compromiso de cumplir lo pactado en el Teatro Colón y recordaron las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado colombiano.
