Mientras el presidente celebró la aprobación de la iniciativa que cambia las reglas para el sometimiento de organizaciones criminales, congresistas del Pacto Histórico advirtieron sobre posibles riesgos jurídicos, afectaciones a las víctimas y el cierre de las salidas negociadas con grupos armados.
La aprobación de la Ley de Sometimiento en el Congreso de la República, durante la noche del martes 3 de noviembre, provocó pronunciamientos de distintos sectores políticos. El presidente Abelardo de la Espriella celebró el resultado con la expresión «¡Habemus ley de sometimiento!» y agradeció al ministro de Justicia, Iván Cancino, y al Legislativo por respaldar una iniciativa que, según el mandatario, contribuirá al fortalecimiento de la justicia y la seguridad del país.
Cancino defendió el alcance de la norma y rechazó los cuestionamientos sobre eventuales beneficios relacionados con órdenes de captura y extradiciones. «No hay suspensión de órdenes de captura, no hay suspensión de extradiciones, cero devoluciones», aseguró. El funcionario sostuvo que la iniciativa establece condiciones para que las organizaciones criminales se sometan a la justicia, entreguen sus bienes y colaboren con las autoridades, sin recibir reconocimiento político.
Desde la oposición, la representante María Fernanda Carrascal cuestionó especialmente la facultad que tendría el presidente para determinar qué organizaciones pueden ser consideradas terroristas. «¿Con qué criterios? ¿Qué límites existen para impedir que esa clasificación quede sometida a interpretaciones discrecionales?», preguntó. También advirtió sobre posibles afectaciones a los derechos de las víctimas y señaló que el afán por aprobar la iniciativa no podía estar por encima de la responsabilidad de legislar adecuadamente.
El congresista Gabriel Becerra también cuestionó el procedimiento legislativo y anunció que la oposición acudirá a la justicia para demandar la norma. A su juicio, la aprobación se produjo «a las carreras» y presenta posibles vicios de trámite. Además, planteó un interrogante sobre el cierre de las posibilidades de diálogo: «La Constitución es clara: la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. ¿Con qué autoridad pretende este Gobierno cerrar la posibilidad de buscar una salida que incluya el diálogo?».
La nueva disposición marca un cambio frente a la política de Paz Total del anterior Gobierno de Gustavo Petro. El proyecto fue aprobado con 57 votos a favor y 24 en contra en el Senado, y 95 a favor y 10 en contra en la Cámara. Contempla reducciones de penas de hasta el 50 % para integrantes de base y del 30 % para cabecillas que cumplan las condiciones de sometimiento. Tras finalizar su trámite legislativo con el mismo texto en ambas cámaras, quedó pendiente de sanción presidencial.