El expresidente del Congreso cuestionó el gasto de la UNP, pidió recortar el presupuesto estatal, lanzó señalamientos sobre presunta corrupción en el Gobierno Petro y reclamó respuestas sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay. También habló del estatuto antiterrorista, las economías ilegales, la Fiscalía y el costo de las campañas políticas.
El expresidente del Congreso y exsenador conservador Hernán Francisco Andrade Serrano examinó la situación política y económica del país en una entrevista con Alejandro Castro Guerrero, director de Castro Guerrero Producciones y de Fusagasugá Noticias Periódico Digital. Sobre el estatuto antiterrorista que prepara el Gobierno de Abelardo de la Espriella, pidió conocer el borrador antes de emitir una conclusión definitiva, recordó el Estatuto de Seguridad del gobierno de Julio César Turbay y advirtió que la lucha contra el terrorismo no puede justificar violaciones de los derechos humanos ni del debido proceso. Aunque respaldó la exigencia ciudadana de mayor seguridad frente a la extorsión y los grupos armados, cuestionó los excesos y sostuvo que Colombia no puede trasladar automáticamente el modelo de El Salvador. También se refirió a los bloqueos de carreteras, las dificultades para garantizar el paso de pacientes y la responsabilidad del Congreso, especialmente de las comisiones primeras, en la discusión de la iniciativa.
Andrade relacionó la inseguridad con el narcotráfico, la minería ilegal y la financiación de estructuras armadas. Durante la entrevista mencionó cifras de 16.000 millones de dólares asociados a la cocaína y estimaciones de entre 3.500 y 8.000 millones de dólares para la minería ilegal, valores que atribuyó a información que había consultado. También se refirió a Los Pachencas, el Clan del Golfo y otras estructuras, al señalar la continuidad de las economías criminales bajo distintas denominaciones. En el terreno electoral, cuestionó los costos de las campañas y afirmó que algunos senadores habrían gastado entre 20 mil y 30 mil millones de pesos para llegar al Congreso, una situación que calificó como vergonzosa para la democracia. A su juicio, el país necesita recuperar condiciones normales de financiación política y superar la compra de votos.
En sus críticas al Gobierno Petro, el exsenador formuló señalamientos sobre la presunta influencia de Verónica Alcocer en entidades estatales y negocios públicos. Mencionó el Banco Agrario, la Agencia Nacional de Minería, el negocio de los pasaportes, la compra de aeronaves y el manejo de Ecopetrol. También relacionó los escándalos de esa empresa con la reducción de los recursos que, según él, recibía el Estado, y se refirió a las investigaciones por presuntas irregularidades en operaciones relacionadas con créditos públicos y bonos. Andrade respaldó los señalamientos que atribuyó a Eva Ferrer y consideró que las actuaciones judiciales podrían revelar más información sobre la relación entre funcionarios y congresistas. Estas afirmaciones corresponden a las declaraciones del entrevistado y no constituyen, por sí mismas, prueba de responsabilidad penal de las personas mencionadas.
Sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay, Andrade cuestionó la gestión de la fiscal general Luz Adriana Camargo, expresó su desconfianza frente a su actuación y consideró posible que no complete su periodo. Sostuvo que, además de establecer las responsabilidades materiales que atribuye a la Segunda Marquetalia, falta esclarecer quién habría financiado e instigado el crimen. Comparó esa incógnita con las preguntas que, en su opinión, siguen abiertas alrededor del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. También cuestionó el manejo de otros procesos, incluido el de Nicolás Petro, y pidió que la Fiscalía ofrezca garantías de independencia y esclarecimiento. Sus afirmaciones sobre posibles responsables, motivaciones y financiación del asesinato son hipótesis y cuestionamientos del senador; corresponde a las autoridades judiciales establecer los hechos y las responsabilidades.
En materia económica, Andrade descartó que exista un ambiente favorable en el Congreso para aprobar nuevos impuestos y defendió la reducción del gasto público como respuesta al déficit fiscal. Durante la entrevista mencionó un déficit que podría llegar al 9 %, habló de una inflación que, según sus cálculos, podría acercarse al 8 % o al 9 % al cierre del año y planteó la necesidad de aumentar los ingresos estatales y mejorar la producción de Ecopetrol. También señaló que los decretos de emergencia podrían permitir ajustes y gravámenes temporales, aunque insistió en que el problema exige una corrección de fondo de las cuentas públicas. Como ejemplo, afirmó que el presupuesto de la Unidad Nacional de Protección pasó de cerca de un billón de pesos a más de cuatro billones y cuestionó la utilidad de algunos esquemas de seguridad con la frase que da título a esta noticia. La entrevista dejó expuesta su posición sobre los principales desafíos del país: seguridad con límites constitucionales, investigaciones que permitan establecer responsabilidades, transparencia en el manejo de los recursos públicos y una reducción del gasto antes de trasladar nuevas cargas tributarias a los ciudadanos.