La medida, solicitada por el Gobierno y avalada por la Fiscalía, beneficia a 23 cabecillas en Medellín y el Valle de Aburrá; autoridades locales y líderes políticos advierten riesgos en seguridad, legalidad y el proceso electoral.
La decisión enmarcada dentro de la política de “paz total”, fue tramitada a través de la Fiscalía General de la Nación como parte de los acercamientos con voceros de organizaciones delincuenciales de alto impacto.
Según el ente acusador, la suspensión responde a solicitudes directas del Ejecutivo, sustentadas en resoluciones presidenciales que designan a estos cabecillas como interlocutores dentro de procesos de diálogo. El beneficio tendría una vigencia inicial de seis meses e incluye tanto a líderes privados de la libertad en la cárcel de Itagüí como a otros que ya han recuperado su libertad tras cumplir sus condenas.
Entre los nombres mencionados figuran reconocidos cabecillas como alias Douglas, alias Tom y otros líderes históricos, señalados por delitos como homicidio, extorsión, secuestro y lavado de activos. De acuerdo con autoridades locales, estas estructuras continúan teniendo injerencia en actividades ilegales, pese a los procesos de negociación.
El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, asegura que la decisión “pone en riesgo la seguridad” y envía un mensaje equivocado a las organizaciones criminales. El funcionario afirmó que los cabecillas mantienen control sobre las estructuras y advirtió que la suspensión de órdenes de captura podría “reforzar y empoderar” el accionar delictivo en los territorios.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuestionó duramente la medida, calificándola como un “insulto a las víctimas” y señalando que el Gobierno estaría favoreciendo a los criminales bajo el discurso de la paz total. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pidió a la fiscal general reversar la decisión, argumentando que afecta directamente a las víctimas de la violencia y a la ciudadanía que sufre fenómenos como la extorsión y el desplazamiento.
la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia anunció que acudirá a instancias internacionales, denunciando una posible “complicidad del Gobierno con la criminalidad”. A su vez, el congresista Hernán Cadavid advirtió que la medida podría tener implicaciones políticas, sugiriendo que estos beneficios se estarían otorgando en un contexto cercano a las elecciones presidenciales. El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella señala que existiría un supuesto plan para influir en los resultados electorales mediante alianzas con estructuras criminales.
Por su parte, el exgobernador y candidato presidencial Sergio Fajardo adoptó una postura crítica pero más moderada, alertando sobre los riesgos de que la política de paz total derive en escenarios de presión electoral. “La paz no puede convertirse en una estrategia basada en el miedo”, indicó.
Sectores cercanos al Gobierno defienden la medida como una herramienta necesaria para avanzar en diálogos que permitan desescalar la violencia urbana, aunque hasta el momento no se han detallado públicamente los alcances jurídicos completos que respaldan estas decisiones.