Henry Amorocho explica de dónde salen los cerca de $89 billones adicionales frente al presupuesto de 2026, mientras el Banco de la República advierte que el ajuste fiscal tendrá que profundizarse durante varios años.
El Presupuesto General de la Nación para 2027, por $634,9 billones, comenzó su trámite en el Congreso en medio de un fuerte debate sobre el estado real de las finanzas públicas. El Gobierno de Abelardo de la Espriella sostiene que la nueva propuesta busca “sincerar” unas cuentas que, según Hacienda, dejaron obligaciones sin financiación suficiente. Forbes señaló que el proyecto supera en $59,3 billones la iniciativa que había presentado el gobierno anterior y que el nuevo escenario contempla un déficit fiscal de 9,4 % del PIB antes de los ajustes.
Para Henry Amorocho, especialista en Hacienda y Presupuesto Público, el aumento cercano a $89 billones frente al presupuesto de 2026 tiene varias explicaciones: alrededor de $30 billones corresponden a la desfinanciación que, según el Gobierno, tenía el proyecto anterior; otros $30 billones estarían relacionados con los costos derivados del terremoto del 10 de agosto; cerca de $23 billones corresponden a obligaciones que no habían sido incorporadas de manera suficiente y que incluyen subsidios de energía, combustibles, salud, pensiones y financiación electoral; y el resto responde a ajustes en los supuestos macroeconómicos. El Colombiano recogió además la advertencia de Amorocho sobre el peso del endeudamiento: el crédito interno y externo crecería en unos $113,1 billones, mientras la deuda programada alcanzaría niveles históricos.
El problema es que “sincerar” las cuentas no significa resolver el déficit. El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, respaldó que se hagan visibles los desequilibrios fiscales, pero advirtió ante el Congreso que el ajuste anunciado para 2027 sería insuficiente y que deberá profundizarse durante varios años para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Según el Banco, aun con la racionalización planteada por el Gobierno, las cuentas permanecerían en una senda más desequilibrada que la prevista en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
El debate también llegó con críticas desde el Legislativo. Según Cambio, congresistas como Aída Avella, Alejandro Ocampo, Diego Fran Ariza, Yamit Hurtado y David Barguil cuestionaron el aumento del endeudamiento, la reducción de la inversión y la posibilidad de que el mayor costo de la deuda termine trasladándose a los colombianos. En contraste, Christian Garcés y Sara Castellanos defendieron el ejercicio de mostrar obligaciones que, a su juicio, no estaban reflejadas adecuadamente en el proyecto anterior, aunque Castellanos pidió conocer primero cómo se concretará el ajuste fiscal antes de aprobar el presupuesto.
El nuevo proyecto contempla $392,6 billones para funcionamiento, $155,4 billones para servicio de la deuda y $86,9 billones para inversión. El Espectador también ha advertido que el gran interrogante ya no es solamente cuánto vale el presupuesto, sino qué tan sostenible es financiarlo en estas condiciones. (Forbes Colombia) Mientras el Gobierno prepara una ley de ajuste fiscal y un recorte de $21,9 billones para 2026, el Congreso tendrá que decidir si las nuevas cuentas representan un ejercicio necesario de transparencia fiscal o si, pese a mostrar mejor los problemas heredados, dejan al país frente a un escenario de mayor deuda y menor margen de maniobra.