El presidente anunció que expedirá un nuevo acto administrativo en ocho días y reiteró que el aumento del mínimo se mantendrá mientras responde al auto del Consejo de Estado.
En la noche del 15 de febrero, el presidente Gustavo Petro se dirigió al país luego de que el Consejo de Estado suspendiera de manera provisional el Decreto 1469 de 2025, que fijó el salario mínimo de 2026 en $1.750.905 y $2.000.000 con auxilio de transporte. El mandatario aseguró que acatará la decisión judicial, pero insistió en que expedirá un nuevo decreto “transitorio” para mantener lo que denomina el salario mínimo vital, concepto que, según explicó, tiene sustento en la Constitución y en la sentencia C-815 de 1999 de la Corte Constitucional.
Durante su alocución, Petro afirmó que el aumento del 23,7% no ha generado desempleo ni presiones inflacionarias y sostuvo que el trabajo tiene “carácter prevalente” dentro del orden constitucional. También propuso que el salario sea “móvil”, es decir, que pueda ajustarse si cambian las condiciones económicas del país. Además, convocó a movilizaciones ciudadanas esta semana para respaldar la medida y anunció que pedirá una aclaración formal al alto tribunal sobre los argumentos de la suspensión.
El senador y candidato presidencial Iván Cepeda respaldó la postura del Gobierno y anunció movilizaciones en defensa del salario vital, al tiempo que llamó a la solidaridad con las familias afectadas por las inundaciones. Desde las centrales obreras, la Central Unitaria de Trabajadores pidió expedir el nuevo decreto en las mismas condiciones y calificó la decisión judicial como un golpe al ingreso de los trabajadores. En el Meta, voceros campesinos e indígenas expresaron su preocupación por el impacto que tendría frenar el incremento en los hogares rurales. La también senadora Angélica Lozano pidió calma y afirmó que la suspensión es una medida temporal para que el Gobierno sustente mejor el decreto. Entre tanto, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, reiteró que el Ejecutivo cumplirá la orden judicial mientras prepara el nuevo acto administrativo que será presentado en los próximos días.
Desde la otra orilla política, la senadora María Fernanda Cabal cuestionó el llamado a las calles y señaló que el salario mínimo debe definirse con criterios técnicos y concertación. La periodista y candidata presidencial Vicky Dávila calificó como infames a Petro y a Cepeda, argumentando que quieren incendiar el país. «Sí, al aumento del salario mínimo, No, a las marchas politiqueras. A los trabajadores les digo, disfruten el aumento del salario mínimo, pero ni un voto por Cepeda. Petro, los trabajadores colombianos no se venden, no tienen precio. Usted no los va a poder comprar».