La suspensión provisional del decreto que fijó el aumento del 23,7 % reconfigura el escenario político y obliga al presidente a expedir un nuevo acto administrativo en siete días.
El reciente auto del Consejo de Estado, que ordena suspender provisionalmente el decreto que fijó el salario mínimo de 2026, agitó el panorama político nacional y encendió la campaña presidencial antes de tiempo. El alto tribunal dio siete días al presidente para expedir un nuevo decreto en el que justifique técnicamente el incremento, al considerar que no se explicaron de manera suficiente los criterios legales de inflación, productividad y crecimiento económico establecidos en la Ley 278 de 1996.
Sectores de oposición sostienen que el aumento del 23,7 % respondió más a un discurso basado en el concepto de “salario mínimo vital” que a los parámetros técnicos exigidos por la ley. Desde el Gobierno, en cambio, defienden que la medida buscó proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y avanzar en justicia social.
En medio de este escenario, precandidatos y figuras políticas comenzaron a fijar postura, convirtiendo el debate salarial en eje central del discurso electoral. Para algunos, el fallo es una llamada de atención sobre la necesidad de rigor técnico en las decisiones económicas; para otros, representa una oportunidad para cuestionar el modelo de fijación del salario mínimo y proponer reformas estructurales.
Mientras tanto, el salario mínimo de 2026 continúa vigente con el aumento decretado, ya que la suspensión es provisional y no tiene efectos retroactivos. Sin embargo, el nuevo decreto que deberá expedir el Ejecutivo en los próximos días será clave no solo para el rumbo económico inmediato del país, sino también para el tono que marcará la contienda presidencial