Las denuncias de Angie Rodríguez, la investigación contra las hermanas Juliana y Verónica Guerrero y los cuestionamientos por la influencia atribuida a Gabriela Muñoz en la Aeronáutica Civil provocaron críticas desde sectores del Pacto Histórico y de la oposición, mientras la Fiscalía y otros organismos avanzan en las actuaciones correspondientes.
Las denuncias formuladas por Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y actual gerente del Fondo Adaptación, terminaron reuniendo en un mismo escenario tres controversias que hoy rodean al Gobierno del presidente Gustavo Petro. Por un lado, la investigación que adelanta la Fiscalía contra las hermanas Juliana y Verónica Guerrero por una presunta red de intermediación para direccionar contratos públicos; por otro, los cuestionamientos sobre la influencia de Gabriela Muñoz en la Aeronáutica Civil y el nombramiento de varios de sus familiares en esa entidad. El enfrentamiento escaló cuando Rodríguez anunció una denuncia contra el jefe de Estado ante la Comisión de Acusación por considerar que vulneró sus derechos al divulgar información sobre su salud mental y relacionarla con el paramilitarismo, mientras Petro respondió que también acudirá a la justicia por presunta calumnia.
El episodio de mayor impacto corresponde a las hermanas Guerrero. Una investigación publicada por la revista Semana reveló testimonios, audios y conversaciones de WhatsApp que, según ese medio, evidenciarían una presunta estructura dedicada a gestionar contratos públicos a cambio de millonarios pagos en entidades como los ministerios del Interior y de Vivienda. La Fiscalía adelanta las verificaciones sobre esos hechos. Tras la publicación, el presidente Petro sostuvo que, si los hechos relatados eran ciertos, algunos empresarios entregaron dinero creyendo que podían influir sobre ministros o sobre el propio mandatario, e invitó a que el material periodístico fuera entregado a la Fiscalía para hacer parte de las investigaciones. Días después, Juliana Guerrero presentó su renuncia irrevocable como delegada presidencial ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, argumentando que concentrará sus esfuerzos en atender los procesos judiciales y evitar que los señalamientos afecten a la universidad o al Gobierno Nacional.
Las revelaciones provocaron un hecho poco frecuente: dirigentes del propio Pacto Histórico marcaron distancia frente al caso. La senadora María José Pizarro calificó el escándalo como “repudiable” y afirmó que refleja las prácticas clientelistas que durante décadas han deteriorado la política colombiana. A su vez, Mary Luz Herrán, exesposa del presidente Petro, aseguró en Caracol Radio que el mandatario habría sido “manipulado y engañado” al salir en defensa de las hermanas Guerrero. Desde un sector independiente, la representante Jennifer Pedraza recordó que desde 2025 denunció a Verónica Guerrero por presunta usurpación de funciones públicas tras las revelaciones sobre su actuación en el Ministerio de Igualdad. Mientras tanto, desde la oposición se ha insistido en que las investigaciones no deben limitarse a las hermanas Guerrero, sino establecer si existieron funcionarios o servidores públicos que facilitaron o participaron en las presuntas actuaciones descritas en las denuncias.
El segundo frente de cuestionamientos surgió tras las declaraciones de Angie Rodríguez sobre Gabriela Muñoz, influenciadora y estudiante de Derecho cercana al presidente Petro, a quien señaló de haber ejercido influencia dentro de la Aeronáutica Civil. Posteriormente, el representante a la Cámara Daniel Briceño divulgó documentos según los cuales Gabriela Muñoz, su hermano Santiago Muñoz Olaya y tres de sus primos fueron vinculados mediante nombramientos y contratos en esa entidad, cuestionando además que esos vínculos familiares no hubieran sido reportados en las declaraciones de conflicto de intereses. A esas denuncias se sumaron las declaraciones del exdirector de la Aerocivil, general (r) José Henry Pinto, quien afirmó que la recomendación para vincular a los hermanos Muñoz provino de su madre, Liliana Olaya. Por su parte, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que recibió reportes incompletos sobre la contratación en la Aerocivil y dejó claro que no asumiría la defensa de ninguna de las personas mencionadas en las denuncias.
Gabriela Muñoz negó haber incurrido en irregularidades, rechazó los señalamientos, anunció acciones judiciales por injuria y calumnia y afirmó que es víctima de una campaña de desprestigio. El presidente Petro también salió en su defensa y sostuvo que las acusaciones hacen parte de una retaliación de Angie Rodríguez, además de afirmar que se trata de una “familia de clase media y sin riquezas”. Entretanto, Rodríguez mantiene su decisión de acudir a la Comisión de Acusación para que se investiguen las actuaciones del mandatario, mientras la Fiscalía continúa con las investigaciones relacionadas con las hermanas Guerrero. Los hechos siguen en etapa de indagación y todas las personas mencionadas conservan la presunción de inocencia hasta que las autoridades competentes adopten decisiones de fondo.
