El jefe de Gabinete de la Alcaldía respondió por el video viral, el proceso de revocatoria y defendió la ejecución del Plan de Desarrollo, mientras pidió formalmente a la Procuraduría que investigue su conducta.
En entrevista con Fusagasugá Noticias, el jefe de Gabinete de la Alcaldía de Fusagasugá, Gilberto Pedraza, se refirió de manera directa al escándalo generado por un procedimiento de tránsito ocurrido el pasado 19 de diciembre, cuando se desempeñaba como secretario encargado de Movilidad, hecho que derivó en cuestionamientos por presunto tráfico de influencias y abrió un intenso debate ciudadano en redes sociales.
Pedraza aseguró que su intervención se limitó a solicitar la aplicación estricta del artículo 127 del Código Nacional de Tránsito, norma que establece que no procede la inmovilización de un vehículo cuando el propietario o tenedor comparece durante el procedimiento. Según explicó, el comparendo fue impuesto y posteriormente pagado, descartando cualquier tipo de privilegio. “Mi actuación fue pedir que se cumpliera la ley, nada más”, afirmó.
No obstante, reconoció que la secretaria de Hacienda incurrió en un grave error en su trato con los agentes, al utilizar expresiones que afectaron la percepción ciudadana del procedimiento. Frente a ello, indicó que el alcalde ordenó la apertura de investigaciones disciplinarias internas, mientras que él mismo radicó una solicitud ante la Procuraduría General de la Nación para que se investigue su conducta, con el fin de garantizar transparencia y control institucional.
En otro frente, Pedraza salió al paso de los argumentos que sustentan el proceso de revocatoria del mandato del alcalde William García Fajardo, asegurando que estos parten de una lectura equivocada del Plan de Desarrollo. Según cifras oficiales, la ejecución alcanza el 44,6 %, cuando para los 18 meses transcurridos debería ubicarse en 37,5 %, es decir, más de siete puntos por encima de lo programado. Explicó que la Ley 152 de planeación establece que los planes comienzan su ejecución real en el segundo semestre del mandato y que el primer semestre del siguiente gobierno culmina su implementación.
Sobre la gestión administrativa, el funcionario destacó avances en vías rurales, pese a las afectaciones del invierno. A través de convenios solidarios con las 52 juntas de acción comunal rurales, se ejecutan 5 mil 200 millones de pesos por cada uno de los dos años, destinados principalmente a placahuellas, con más de 7 kilómetros ya construidos y una proyección de 40 kilómetros al cierre del cuatrienio. Lo que significaría una inversión de 10 mil 400 millones a la fecha.
En materia fiscal, reconoció las limitaciones de los recursos de libre destinación cercanos a 500 millones de pesos, pero aseguró que la administración mantiene el pago al día de la deuda pública y que cualquier nuevo empréstito se tramitará únicamente con proyectos plenamente estructurados. Además, advirtió que el incremento del salario mínimo ha generado presiones adicionales sobre el presupuesto municipal.