La decisión de la representante generó pronunciamientos del Gobierno, el Congreso y la oposición mientras se define el alcance de la medida.
La representante Gloria Arizabaleta, integrante del Pacto Histórico y presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, emitió una orden de suspensión provisional contra el presidente Gustavo Petro hasta el 21 de junio, dentro de una investigación por presunta participación en política. La medida generó discusión sobre si esa instancia tiene competencia para apartar al mandatario del cargo.
Según Reuters, la decisión provocó cuestionamientos de distintos sectores políticos, debido a que algunos juristas consideran que la suspensión de un presidente requiere un trámite diferente y la participación del Senado. El Gobierno nacional salió a rechazar la medida y aseguró que no tendría efectos jurídicos.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que la Comisión de Acusación tiene funciones investigativas, pero no la facultad de suspender al jefe de Estado. El presidente del Senado, Lidio García, cuestionó la competencia de la decisión.
El representante Alejandro Ocampo aseguró que la Comisión no habría tomado una decisión como cuerpo colegiado. Mientras tanto, el expresidente del Senado Roy Barreras señaló que el procedimiento no tendría sustento constitucional.
El presidente Gustavo Petro, quien se encontraba en Nueva York en actividades internacionales, respondió rechazando la decisión y sostuvo que continúa ejerciendo sus funciones. Según El País, el mandatario cuestionó la actuación y aseguró que defenderá su permanencia en el cargo por las vías institucionales.
El candidato Abelardo de la Espriella calificó el episodio como un “autoatentado legislativo” y habló de una crisis institucional. El caso además llamó la atención internacional y aparece en medio del seguimiento que organismos como la OEA hacen a la situación política de los países miembros.
Algunos analistas políticos y opositores al Gobierno han señalado que la decisión podría ser interpretada como una estrategia política en medio del escenario electoral, al considerar que el Pacto Histórico busca generar impacto en la opinión pública tras los resultados de la primera vuelta presidencial y de cara a la segunda vuelta. Desde esos sectores se habla incluso de un posible “show mediático”, una afirmación que ha sido rechazada por quienes respaldan la actuación de la Comisión.