Ya no estamos ante una crisis de normas ni de instituciones, sino ante una profunda crisis ética y moral.
La historia de Colombia puede leerse como un eterno intento por corregir con papel y tinta lo que la realidad desbordaba con sangre. Durante el siglo XIX, la Constitución no fue un pacto social, sino un trofeo de guerra. La de 1886 intentó frenar ese caos mediante la rigidez, priorizando la estabilidad institucional sobre los intereses de los bandos en conflicto.
Cien años después, la realidad del país había cambiado. La nación exigía descentralización, mejores instituciones y pluralismo frente a un bipartidismo asfixiante que empujó al país al abismo. De esa fractura nació la Constitución de 1991: el gran acuerdo nacional que trazó un norte claro hacia un Estado social de derecho, descentralizado y con una democracia participativa.
Hoy, el panorama es distinto. Ya no estamos ante una crisis de normas ni de instituciones, sino ante una profunda crisis ética y moral.
Nos enfrentamos a una peligrosa inversión de valores. Lo que históricamente cimentó nuestra sociedad —el cumplimiento del deber, el respeto por la autoridad, la responsabilidad y el esfuerzo honesto para alcanzar los sueños— hoy parece haber perdido relevancia. Nos enfrentamos a una contra cultura que premia al delincuente y refuerza la falsa idea de que se puede obtener todo lo que el ser humano ambiciona sin estudio ni integridad. Se ha entronizado el atajo sobre el mérito, sin el más mínimo atisbo de interés real por solucionar los problemas estructurales que nos duelen: la desigualdad, la exclusión y la pobreza.
A diferencia de los jóvenes de los noventa que buscaban renovar las reglas del juego, hoy nos enfrentamos a una validación social de la mentira, la corrupción y el cinismo.
Como advertía Hannah Arendt, cuando la propaganda reemplaza a la realidad, el juicio moral desaparece. Lo que hoy sostiene a un gobierno a todas luces deficiente es la eficacia de una retórica que adormece la conciencia; una narrativa que valida la mentira y privilegia la conveniencia antes que el deber. Se invisibiliza la corrupción, desde las más altas esferas hasta la compra del elector. Es una corrupción sistémica que ha gobernado tanto con la izquierda como con la derecha, robándonos la prosperidad y la verdadera justicia.
Es vital entender que la «carta de navegación» de 1991 es todavía una obra en construcción. Apenas ahora, tras tres décadas, empezamos a estrenar esquemas de ordenamiento territorial que prometen una verdadera descentralización económica. La acción de tutela sigue siendo el escudo de los ciudadanos, y el pluralismo ha permitido que voces antes vetadas por las «roscas» corruptas hoy tengan la posibilidad de aparecer en el tarjetón.
Pero esto no basta para transformar nuestra realidad: de la decisión de una ciudadanía libre y consciente dependerá que el interés de la mayoría del pueblo colombiano logre, esta vez, sentarse realmente a la mesa del poder. Un poder cooptado por una minoría corrupta que siempre se las arregla para asegurarse todas las sillas en el «bus de la victoria» y robarse nuestros recursos.
Para transformar a Colombia no necesitamos más leyes ni reformas constitucionales; la corrupción no se combate con discursos en el papel. Nuestra Constitución, tal y como está, nos garantiza libertad, democracia y derechos que aún no se han terminado de conquistar; es nuestra hoja de ruta. Si las cosas no funcionan, debe cambiarse el capitán, no la ruta. La norma de normas debe estar siempre por encima de la contienda electoral.
La transformación de nuestro país exige devolverle el mérito que merecen la integridad, la decencia, el esfuerzo y el coraje, anteponiendo la convicción de los principios al soborno de las conciencias.
En este momento de oscuridad, la consigna debe ser clara: lo que hay que cambiar es la banalidad del mal gobierno, NO la Constitución.
Por:
MIREYA RAMÍREZ PULIDO
Abogada, Universidad Libre de Colombia (1999)
Especialista en Derecho Constitucional, Universidad del Rosario (2013)
Litigante independiente
Adenda:
El presidente Gustavo Petro, oficializó su campaña por una Asamblea Constituyente en su último discurso un Primero de Mayo. El Mandatario reivindicó en Medellín las políticas de su Gobierno y vuelve a impulsar, en plena campaña electoral, su intención de reformar la Constitución de 1991.