Gobiernos, líderes de oposición y analistas económicos cruzan señalamientos tras la decisión anunciada desde Quito.
La decisión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa establece un arancel del 30% para todos los productos de origen colombiano a partir del 1 de febrero de 2026, con carácter indefinido, condicionado a que Bogotá asuma compromisos concretos en el control del narcotráfico y la minería ilegal. El dictamen se sustenta en cuestionamientos a la cooperación en seguridad en la frontera común, un tema que desde hace meses genera fricciones por el avance del narcotráfico y la minería ilegal en zonas limítrofes.
El Gobierno colombiano respondió señalando que no existe un abandono de la cooperación en seguridad y recordó que se mantienen operativos conjuntos en la frontera contra el narcotráfico y otras economías ilegales.
El expresidente Iván Duque señaló que la falta de control territorial ha terminado trasladando los costos de la inseguridad a los países vecinos. En el Congreso, senadoras como María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín coincidieron en que la medida termina golpeando a los productores colombianos, mientras se profundiza el deterioro de la relación con Ecuador.
Expertos económicos advierten que el impacto no será unilateral. Voceros del sector empresarial recordaron que Ecuador es un mercado relevante para varios productos colombianos y alertaron sobre el encarecimiento de bienes, afectaciones a las cadenas comerciales y posibles presiones inflacionarias. En Ecuador, algunos analistas también cuestionaron la conveniencia de la medida por los efectos que podría tener sobre los costos internos y el suministro de energía.