La propuesta genera reacciones de líderes de oposición, entre ellos Sergio Fajardo, quien se pronunció recientemente en entrevista con Fusagasugá Noticias Periódico Digital.

La inscripción ante la Registraduría Nacional del comité promotor de una Asamblea Nacional Constituyente, respaldado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, reavivó el debate político nacional y provocó una inmediata ola de reacciones desde distintos sectores. La iniciativa, impulsada por nueve ciudadanos, busca recolectar más de tres millones de firmas para llevar la propuesta al Congreso, en medio de un ambiente preelectoral marcado por la polarización.

Uno de los pronunciamientos más críticos fue el del exgobernador y precandidato presidencial Sergio Fajardo, quien recientemente abordó este tema en entrevista con Fusagasugá Noticias Periódico Digital. Fajardo calificó la propuesta como una “trampa política” destinada a profundizar la polarización y desviar la atención de los problemas del país, insistiendo en que Colombia necesita consensos, respeto institucional y un nuevo liderazgo, no una nueva Constitución.

A las críticas se sumaron otros aspirantes presidenciales y figuras políticas como Juan Manuel Galán, Vicky Dávila, David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo, quienes coincidieron en defender la Constitución de 1991 como un marco democrático incluyente. Desde la oposición, senadoras como Paloma Valencia y María Fernanda Cabal advirtieron que la iniciativa pone en riesgo los equilibrios de poder, mientras que el expresidente Álvaro Uribe señaló que se trataría de una estrategia electoral.

Frente a los señalamientos, el presidente Gustavo Petro respondió con firmeza y negó cualquier intención autoritaria. “No voy a ser dictador, no insulte, ni la constituyente se hará en mi gobierno”, afirmó, asegurando que la convocatoria correspondería al próximo mandato. Petro defendió la propuesta como un mecanismo para superar lo que denomina un bloqueo institucional y reiteró que el poder constituyente del pueblo es necesario para hacer realidad los derechos consagrados en la Constitución, debate que seguirá marcando la agenda política nacional.

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