¿Se fracturó la relación entre el Gobierno y el Banco Central?
Por: Henry Amorocho Moreno
Economista experto en Hacienda Pública
La reciente decisión del ministro de Hacienda de retirarse de la sesión de la Junta Directiva del Banco de la República, justo cuando se votaba el aumento de la tasa de intervención al 11,25%, no altera en absoluto la validez de lo decidido, la medida quedó en firme por mayoría. Sin embargo, lo ocurrido trasciende lo técnico y se instala en un terreno mucho más delicado, el institucional.
Desde el punto de vista jurídico, la Constitución Política de Colombia es clara. Los artículos 371 a 373 no solo definen la naturaleza del Banco como autoridad monetaria independiente, sino que establecen quiénes integran su Junta y la obligación de ejercer esas funciones. No se trata de una participación voluntaria ni discrecional. El ministro, en su calidad de director de la Junta, está sujeto a un mandato constitucional que no puede ser sustituido por decisiones personales, incluso en escenarios de desacuerdo.
Lo sucedido deja en evidencia un choque de fondo entre la política monetaria y la política fiscal. Mientras el Banco actúa para contener una inflación que ya muestra señales de desbordarse frente a la meta, el Gobierno parece buscar liquidez para financiar su agenda, incluso a través de recursos pensionales. Este punto de fricción no es menor, pone en juego la confianza en la institucionalidad económica del país.
Si se consolidara una ausencia reiterada del ministro en la Junta, estaríamos ante un hecho sin precedentes desde 1991, que obligaría a la intervención de organismos como la Procuraduría General de la Nación, en defensa del cumplimiento de funciones constitucionales. Un asunto de Estado de Derecho.
Lo ocurrido debe ser leído con cabeza fría. Las diferencias son legítimas, pero las instituciones están por encima de las coyunturas. En Colombia, la autonomía del Banco de la República no es una concesión: es una garantía constitucional para proteger el poder adquisitivo de la moneda y la estabilidad económica del país.