El Gobierno anunció que llevará al Congreso un proyecto para el sometimiento de organizaciones criminales. En SEMANA, el exfiscal y exprocurador Alfonso Gómez Méndez y el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Jaime Arrubla analizaron los posibles beneficios y las obligaciones que tendrían quienes entren al mecanismo.
Según el Ministerio de Justicia, el Gobierno recibió comunicaciones de varios grupos armados ilegales y les respondió que cualquier eventual sometimiento deberá ajustarse a la iniciativa que será presentada al Congreso. El ministro Iván Cancino señaló que no habrá negociación política ni reconocimiento de estatus político y que tampoco se suspenderían órdenes de captura o solicitudes de extradición. El funcionario explicó que el proyecto contempla beneficios jurídicos condicionados al cumplimiento de obligaciones como la entrega de armas, bienes obtenidos ilegalmente, información para contribuir al desmantelamiento de las estructuras y reparación a las víctimas.
Según SEMANA, el tema fue analizado en su programa El Debate por Alfonso Gómez Méndez, abogado, exfiscal general de la Nación y exministro de Justicia, quien planteó que el mecanismo debe diferenciarse de un proceso de paz. Para Gómez Méndez, quienes pretendan acceder a beneficios deben aportar información que permita conocer el funcionamiento de las organizaciones, sus responsables y las actividades ilícitas desarrolladas, de manera que la colaboración con la justicia tenga un resultado concreto.
Según SEMANA, también intervino Jaime Arrubla Paucar, abogado y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, quien centró su análisis en las víctimas. Arrubla sostuvo que la verdad y la reparación deben hacer parte de las condiciones para acceder a los beneficios y planteó que los recursos obtenidos mediante actividades ilícitas deben contribuir a reparar a quienes fueron afectados. El exmagistrado también diferenció el mecanismo planteado por el Gobierno de un proceso de paz con organizaciones a las que se reconozca carácter político.
Frente a la eventual participación de estructuras como el ELN, las disidencias de las Farc y organizaciones dedicadas al narcotráfico, Gómez Méndez señaló que todavía existen incertidumbres sobre la respuesta que puedan entregar estos grupos. Arrubla, por su parte, sostuvo que la propuesta del Gobierno plantea el sometimiento a la justicia como una alternativa distinta a una negociación política. La iniciativa todavía no ha sido debatida por el Congreso, por lo que será durante el trámite legislativo cuando se conozcan en detalle las condiciones, beneficios y obligaciones que finalmente quedarían establecidas.