Disidencias de las Farc mencionan reuniones con militares, inteligencia estatal y supuestos acuerdos durante la campaña “Petro Presidente”.
La Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló documentos que, según fuentes reservadas, demostrarían presuntos contactos entre jefes de las disidencias de las Farc y altos funcionarios del Estado. En los archivos incautados a alias Calarcá, aparecen nombres como el del general Juan Miguel Huertas y Wilmer Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). En los registros se mencionan reuniones en Bogotá y en Venezuela para pactar un supuesto “acuerdo de no agresión” con miembros del Ejército e incluso la idea de crear una fachada de empresa de seguridad para movilizar armamento y hombres.
Los archivos incluyen chats, correos y reportes que describen reuniones en centros comerciales de Bogotá, encuentros con oficiales vestidos de civil y conversaciones en las que se habrían entregado códigos de frecuencias radiales del Ejército para conocer operaciones militares en tiempo real. Un testigo asegura que Mejía sería el enlace con la Fuerza Pública y que Huertas habría ofrecido acompañar traslados de mandos disidentes para evitar inspecciones en retenes. También se menciona un presunto viaje a Venezuela para reunirse con jefes armados como Richard Catatumbo.
Uno de los apartes más delicados apunta a conversaciones entre alias Iván Mordisco y otros mandos disidentes, donde el jefe guerrillero habría mencionado supuestas pruebas sobre acuerdos en la campaña “Petro Presidente”, afirmando tener documentos que podrían “tumbar al mandatario”. En esos chats se menciona el nombre de la vicepresidenta Francia Márquez, lo que elevó la tensión política. Las revelaciones habrían surgido tras la ruptura entre Mordisco y facciones que aún intentan mantener diálogo con el Gobierno.
Los señalados respondieron. El general Huertas negó cualquier vínculo y calificó el contenido como un “montaje”. Mejía también rechazó las acusaciones y dijo no tener capacidad para tramitar permisos o crear estructuras de seguridad. Desde Presidencia no hubo pronunciamiento oficial, mientras la oficina de Francia Márquez afirmó que la campaña fue “transparente y sin reuniones con criminales”. Hoy, los archivos incautados están bajo custodia de la Fiscalía. La pregunta es una sola: ¿se investigará o quedarán en el silencio de la memoria digital?