Los organismos de control hicieron un llamado a acatar los resultados oficiales de las elecciones, garantizar el proceso de empalme entre gobiernos y preservar la institucionalidad durante el cambio de mando.
La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo hicieron un llamado a respetar la institucionalidad y garantizar una transición democrática en el país, luego de que la autoridad electoral oficializara la elección del presidente y vicepresidente electos y avanzara en la declaratoria de elección de los integrantes del Congreso. Ambas entidades coincidieron en que cualquier controversia sobre los resultados debe resolverse a través de los mecanismos previstos en la Constitución y la ley.
El procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, recordó que el proceso de empalme entre el gobierno saliente y el entrante es una obligación legal establecida en la Ley 951 de 2005 y la Ley 192 de 1994. Señaló que los servidores públicos deben entregar informes completos sobre la gestión administrativa, financiera, humana y documental, mientras que quienes asumen los cargos tienen el deber de recibir y revisar esa información. Además, exhortó a que el empalme se desarrolle con prontitud, respeto y apego a las normas, e invitó a superar la polarización para consolidar una transición en paz y con pleno respeto por las instituciones.
Por su parte, la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, manifestó preocupación por las declaraciones del presidente Gustavo Petro y del senador Iván Cepeda, al considerar que desconocen los resultados oficiales y hacen un llamado a la desobediencia civil. Asimismo, señaló que, según la información conocida por esa entidad, el equipo de empalme del presidente electo, Abelardo de la Espriella, suspendió el proceso de empalme, situación que, afirmó, incrementa la tensión institucional.
La Defensoría reiteró que la transición de gobiernos es un deber constitucional y legal, por lo que instó al gobierno saliente, al entrante y a los diferentes sectores políticos a restablecer las condiciones necesarias para continuar el empalme, priorizando el interés general y la continuidad de los servicios del Estado. Además, pidió que las diferencias políticas no desplacen la atención de problemáticas como la violencia, la pobreza, la salud, la educación, la protección de la naturaleza y la garantía de los derechos humanos, resaltando que la ciudadanía espera serenidad, responsabilidad y respeto por la democracia.