La Contraloría seccional evaluará la planeación e inversión de recursos ante emergencias y desastres naturales.
La Contraloría de Cundinamarca inició esta semana, un nuevo ciclo de Actuaciones Especiales de Fiscalización (AEF) enfocado en la Gestión del Riesgo de Desastres. Estas auditorías verificarán que los municipios cumplan con las disposiciones legales vigentes para prevenir, mitigar y atender emergencias que puedan poner en riesgo a la población y los recursos públicos.
Según la información oficial, la instalación del proceso se realizó en las oficinas de la entidad, con la participación del contralor departamental Carlos Augusto Wilches Vega, la contralora auxiliar Jusbleidy Vargas Rojas, el subdirector operativo de costos ambientales Ramón Ernesto González Páez y el equipo auditor encargado de las revisiones. Esta actuación forma parte del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial (PVCFT) 2025 y cumple con los lineamientos establecidos en la Ley 1523 de 2012.
El objetivo de estas auditorías es evaluar si los municipios han adoptado planes de gestión del riesgo, estrategias de respuesta a emergencias y consejos municipales de gestión del riesgo. También se revisará si han incorporado estos componentes en sus planes de desarrollo y si, durante las vigencias 2022, 2023 y 2024, realizaron una inversión adecuada de recursos frente a emergencias ocurridas.
El énfasis en gestión del riesgo se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 13 (Acción por el clima) y permitirá establecer si los municipios están preparados para actuar de manera oportuna ante eventualidades que puedan afectar la vida, el medio ambiente y el patrimonio público.
El proceso constará de tres fases: planificación, ejecución e informe. Durante este ciclo se aplicarán pruebas técnicas, se evaluará la eficiencia en la inversión de recursos y se analizarán los riesgos previamente identificados.
De esta forma, sostiene el comunicado del ente de control, reafirma su compromiso con una vigilancia eficaz del recurso público, anticipándose a riesgos que podrían convertirse en pérdidas humanas, ambientales y financieras para el departamento.