El presidente Gustavo Petro firmó nuevamente el alza del 23,7 % en medio de marchas y reacciones de empresarios y juristas tras la orden del Consejo de Estado.
En medio de concentraciones convocadas por centrales obreras y organizaciones sociales en varias ciudades del país, el presidente Gustavo Petro firmó este jueves, desde la Plaza de Bolívar de Bogotá, un nuevo decreto que mantiene el aumento del 23,7 % al salario mínimo para 2026. La decisión se produce días después de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el decreto expedido en diciembre y ordenara al Gobierno sustentar técnicamente el incremento. El mandatario aseguró que el nuevo documento incorpora estudios de productividad, salario relativo y canasta básica, tal como lo exigió el alto tribunal.
El ajuste, que deja el salario mínimo en dos millones de pesos mensuales con subsidio de transporte, había sido decretado a finales de 2025 luego de que la comisión de concertación no lograra un acuerdo entre Gobierno, empresarios y trabajadores. Se trata del incremento más alto de las últimas décadas y fue presentado por el Ejecutivo como el primer paso hacia lo que denomina “salario mínimo vital”. Aunque la suspensión judicial no tuvo efectos retroactivos y los pagos ya se venían realizando con base en el decreto inicial, el nuevo acto administrativo busca blindar jurídicamente la medida.
Diferentes Centrales como la CUT, entre otras, respaldaron la firma y acompañaron al presidente en la Plaza, celebrando que el porcentaje no se modificara. Desde el sector empresarial hubo posturas más cautas: dirigentes de la ANDI señalaron que revertir el aumento generaría un escenario complejo para la estabilidad económica, mientras voceros del comercio insistieron en su preocupación por los costos laborales y el impacto en la inflación. Analistas jurídicos advierten que el contenido del nuevo decreto será examinado con lupa y que podría enfrentar nuevas acciones si no cumple plenamente con los requisitos exigidos por la justicia.
Durante su intervención, el jefe de Estado defendió la medida como un acto de justicia social y cuestionó a sectores económicos y políticos que han criticado el incremento. También reiteró su visión sobre la necesidad de cambios estructurales en el modelo económico y social del país. Con la firma del nuevo decreto, el Gobierno apuesta por mantener intacto el aumento mientras el proceso judicial sigue su curso y el país observa los efectos reales del ajuste en empleo, precios y productividad a lo largo del año.