Mientras el Gobierno expidió un nuevo paquete tributario en el marco de la emergencia económica para recaudar recursos y financiar parte del Presupuesto de 2026, expertos advierten que las cuentas fiscales siguen enfrentando grandes interrogantes sobre ingresos, déficit y gasto público.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro publicó el Plan Financiero 2026, documento que traza las principales proyecciones macroeconómicas con las que espera cerrar el último año de su mandato. El informe mantiene una proyección de crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) de 2,6 % tanto para 2025 como para 2026, lo que refleja una recuperación económica gradual. En términos nominales, el crecimiento sería mayor por efecto de precios: 8,2 % en 2025 y 7,8 % en 2026. Sin embargo, las expectativas de inflación también se ajustaron al alza, pasando de 3,2 % en estimaciones anteriores a 5,8 % para el cierre de 2026.
En medio de ese panorama, el Gobierno también expidió un nuevo paquete tributario dentro de la emergencia económica decretada el 11 de febrero, con el objetivo de atender los efectos de las inundaciones que afectan varias regiones del país. Las medidas incluyen una adición de 8,68 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación de 2026, financiada con nuevos ingresos tributarios. Entre ellos se encuentran cambios en el impuesto nacional al consumo para juegos de suerte y azar en línea con una tarifa del 16 %, la ampliación del impuesto al patrimonio para empresas con patrimonios superiores a 200.000 UVT (aproximadamente 10.474 millones de pesos) y un impuesto complementario de normalización tributaria con tarifa del 19 % para el año gravable 2026.
Para el experto en Hacienda Pública Henry Amorocho Moreno, el plan financiero plantea más interrogantes que certezas sobre la sostenibilidad fiscal. Según su análisis, una de las principales dudas es cómo se logrará reducir el déficit fiscal del 6,4 % al 5,1 % del PIB y disminuir el déficit primario, en un escenario donde los ingresos tributarios han mostrado debilidad y no han alcanzado las metas planteadas por el Gobierno. El experto advierte que parte de la estrategia podría depender de medidas tributarias que aún enfrentan incertidumbre jurídica, como las relacionadas con nuevas fuentes de recaudo surgidas tras el rechazo de la reforma tributaria en el Congreso.
Amorocho también cuestiona que el plan mencione una reducción del gasto equivalente al 1,8 % del PIB, cerca de 35 billones de pesos, cuando en la práctica lo que se observa es un aplazamiento de gastos más que una disminución real. A esto se suma que el desequilibrio fiscal que enfrenta el país podría ubicarse entre 35 y 40 billones de pesos, una cifra similar a la advertida por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. En materia de inflación, el experto considera que las proyecciones oficiales también podrían quedarse cortas, pues si en los dos primeros meses del año el indicador ya alcanza 2,2 %, el cierre anual podría situarse cerca del 6,1 %, por encima de la estimación del 5,8 % planteada en el plan.
Finalmente, el académico sostiene que el verdadero ajuste fiscal deberá discutirse en los próximos años. A su juicio, el próximo presidente y el nuevo Congreso tendrán que impulsar una reforma tributaria estructural que amplíe las bases gravables y reduzca el gasto del Estado, acompañada de una revisión profunda de funciones y procesos que incluso podría implicar un recorte cercano al 30 % del tamaño del aparato estatal. Solo con un ajuste de ese tipo, que podría rondar los 40 billones de pesos, se enfrentaría el problema estructural del déficit público que, según el experto, no queda resuelto con el actual plan financiero de mediano plazo.