El anuncio de 72 horas de restricciones a la movilidad generó una respuesta inmediata del Gobierno, fuertes críticas de precandidatos presidenciales y una advertencia de la Defensoría del Pueblo por el riesgo para comunidades en varias regiones del país.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un paro armado nacional de 72 horas, que iniciará el domingo 14 de diciembre a las 6:00 de la mañana y se extenderá hasta el miércoles 17 del mismo mes. En un comunicado, la guerrilla pidió a la población no movilizarse por carreteras ni ríos navegables, justificando la medida como una “protesta” contra lo que denomina un plan neocolonial de Estados Unidos y posibles intervenciones en Colombia y América Latina. Aunque el grupo aseguró que respetará a los civiles y sus bienes, el mensaje volvió a sembrar temor en zonas históricamente golpeadas por el conflicto.
El anuncio provocó un rechazo inmediato desde distintos sectores políticos. La precandidata presidencial María Fernanda Cabal afirmó que “en el gobierno Petro hay permisividad, afinidad o complicidad”, y sostuvo que mientras el presidente trata de “hermanos” a los integrantes del ELN, “esos criminales le hacen la vida imposible a los colombianos”. A su turno, el presidente Gustavo Petro respondió que “no se protesta contra nadie matando campesinos y quitándoles la libertad”, y aseguró que el paro armado no va contra Donald Trump, sino que termina favoreciendo a las economías ilegales. El precandidato Juan Daniel Oviedo fue aún más contundente: “Un paro armado no es protesta ni política: es terrorismo”, advirtiendo que evidencia territorios donde el Estado perdió el control.
Desde el Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa confirmó el despliegue de la Fuerza Pública en corredores estratégicos y regiones con presencia del ELN. El ministro Pedro Sánchez señaló que este tipo de acciones constituyen intimidación directa contra la población civil y reiteró que el Estado activó todas sus capacidades operativas para garantizar la movilidad y la seguridad. También recordó que siguen vigentes las recompensas por cabecillas de esa organización, entre ellos alias Pablito, e hizo un llamado a la ciudadanía a suministrar información oportuna.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo, —a través del Sistema de Alertas Tempranas—, advirtió que los efectos del paro armado podrían sentirse en al menos 10 departamentos del país, entre ellos Arauca, Norte de Santander, Antioquia, Chocó, Cauca y Nariño. El organismo rechazó las amenazas contra la población civil, pidió prudencia a las comunidades y reiteró su llamado al ELN para que se aleje de acciones que profundizan la crisis humanitaria y se acerque a gestos reales en favor de la vida y la paz.
