La decisión busca aliviar la presión fiscal del fondo de combustibles y frenar el uso de recursos públicos en procesos productivos intermedios.
El Gobierno Nacional oficializó un ajuste importante en la política energética tras expedir el Decreto 0268 de 2026, con el que elimina el acceso a subsidios para el diésel utilizado en procesos industriales. La medida redefine el alcance del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), restringiendo sus beneficios exclusivamente a los consumidores finales y cerrando la puerta a su uso en cadenas productivas.
El cambio surge en medio de una creciente preocupación por el uso del diésel subsidiado en la industria, que registró un incremento acelerado en el último año. Mientras en 2023 el consumo mensual rondaba los 806 mil galones, en 2024 la cifra superó los 8,2 millones, generando un fuerte impacto en las finanzas del fondo y encendiendo alertas sobre posibles distorsiones en el mercado.
De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, solo entre enero y abril de 2025 este uso representó un costo cercano a los $131 mil millones para el Fepc, lo que llevó al Ejecutivo a replantear la focalización de los subsidios. La decisión apunta a contener el déficit del sistema y evitar que recursos públicos terminen beneficiando eslabones intermedios que no trasladan ese alivio al ciudadano.
El ministro de Minas, Edwin Palma, defendió la medida al asegurar que el fondo debe cumplir su propósito original de estabilizar los precios para los colombianos. Con el nuevo decreto, los combustibles usados en la industria pasarán a regirse por precios definidos en el mercado, mientras el Gobierno avanza en la reglamentación operativa y mantiene excepciones para biocombustibles en línea con la transición energética.