Henry Amorocho Moreno, especialista en Hacienda Pública, advierte que el costo de la reconstrucción podría llevar a Colombia a incumplir nuevamente la regla fiscal en 2027, mientras el Gobierno abre nuevas herramientas para financiar la emergencia.
El terremoto del 10 de agosto no solo dejó una emergencia humanitaria, sino también un nuevo desafío para las finanzas públicas. Henry Amorocho Moreno advierte que Colombia tampoco cumpliría la regla fiscal en 2027, debido, entre otros factores, al costo de la recuperación y reconstrucción. El economista calcula que atender los daños podría demandar entre $30 y $40 billones, con unos $20 billones que podrían movilizarse este año mediante traslados presupuestales y una suma similar que tendría que financiarse en 2027 mediante endeudamiento público y cooperación internacional.
Según El Espectador, el Gobierno dio el DECRETO No. 1261 DEL 19 DE AGOSTO DE 2026, que declaró por 30 días el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en 15 departamentos. El medio explica que este decreto funciona como el marco jurídico para que posteriormente el Ejecutivo expida decretos con fuerza de ley destinados a atender las consecuencias del terremoto. Es decir, el llamado “decreto madre” no representa por sí mismo la ejecución de todas las medidas anunciadas, sino que habilita al Gobierno para adoptarlas.
De acuerdo con el Decreto 1171 del 11 de agosto, previamente el Gobierno había declarado la situación de desastre de carácter nacional y activado el régimen especial de gestión del riesgo para atender la emergencia y avanzar en la recuperación. Esta primera declaratoria y la posterior emergencia económica cumplen funciones distintas, pero hacen parte de una misma respuesta estatal: mientras la primera organiza la atención del desastre, la segunda abre herramientas extraordinarias para enfrentar sus efectos económicos y fiscales.
Según Amorocho Moreno, la financiación de la atención inicial debe salir principalmente del presupuesto vigente de 2026 mediante traslados de recursos. El economista incluso plantea que, si estos no fueran suficientes, podría recurrirse excepcionalmente a cupos de endeudamiento interno. Su preocupación está puesta especialmente en 2027, cuando tendría que financiarse una parte importante de la reconstrucción y, por esa vía, aumentaría la presión sobre las cuentas públicas y sobre el cumplimiento de la regla fiscal.
El problema, entonces, no termina cuando pase la emergencia. El terremoto también deja una factura fiscal que puede extenderse durante varios años: reconstruir viviendas, hospitales, colegios e infraestructura exigirá recursos adicionales, mientras el Gobierno tendrá que encontrar la fórmula para financiar esa recuperación sin profundizar el desequilibrio de las finanzas nacionales. La advertencia de Amorocho Moreno pone el foco precisamente en ese punto, la emergencia se atiende en 2026, pero buena parte de su costo podría sentirse en 2027 y en los años siguientes.