La Corte Suprema ordenó una inspección judicial en el Senado para recopilar los contratos de Deicy Jiménez, quien señala al expresidente Gustavo Petro. Tras la difusión del video, Petro negó haber utilizado recursos públicos para obtener favores personales y dirigentes de diferentes sectores políticos expresaron sus posiciones.
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó una inspección judicial en la Secretaría General del Senado para obtener los expedientes de vinculación laboral y contratación de Deicy Jiménez durante su paso por el Congreso. La diligencia, dispuesta por el magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado, busca revisar las condiciones de esos contratos y reunir documentación para la investigación. La actuación no implica que se haya establecido alguna responsabilidad.
El caso tomó fuerza tras la publicación, el miércoles 4 de noviembre, de un video de 54 segundos que Jiménez atribuye a Gustavo Petro y que presentó como respaldo de sus denuncias sobre presuntos ofrecimientos laborales a cambio de favores sexuales. La denunciante puso su celular a disposición de la Fiscalía para el análisis correspondiente. La autenticidad y el contexto de la grabación aún deben ser establecidos por las autoridades. Petro respondió en X: «Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie» y sostuvo que el video no ha sido examinado por peritos ni valorado por un juez.
Desde la oposición, Andrés Forero afirmó que el exmandatario debe explicaciones y dijo que «la majestad presidencial fue degradada a niveles insospechados». María Fernanda Cabal pidió investigar la adjudicación de los contratos y el posible uso de recursos públicos; Katherine Miranda cuestionó el silencio de algunas voces feministas; Jennifer Pedraza calificó las denuncias como gravísimas y pidió investigar un posible abuso de poder y proteger a Jiménez. También se pronunciaron Sandra Forero, quien reclamó que se esclarezcan los hechos; Wilson Ruiz, que pidió verificar la autenticidad y el valor probatorio del archivo; Vicky Dávila, quien solicitó garantías para la denunciante y su familia; Enrique Gómez, que cuestionó el presunto uso del poder público para fines personales, y Carol Borda, quien pidió avanzar en las actuaciones de la Comisión de Investigación y Acusación.
Desde sectores cercanos al petrismo, la magistrada del Consejo Nacional Electoral Cielo Rusinque describió a Petro como «un hombre ingenuo, mal rodeado» que habría buscado afecto donde encontró «mezquinos intereses». También cuestionó la exposición de su intimidad y señaló que se requiere análisis forense del material. La senadora Johana Osorio sostuvo que el video no demuestra por sí solo las acusaciones y planteó que la controversia podría desviar la atención de asuntos económicos; el exministro Daniel Rojas Medellín afirmó que la grabación «no prueba nada». Mary Luz Herrán, exesposa de Petro, también cuestionó las declaraciones de Jiménez. Por su parte, Andrea Petro había publicado días antes un mensaje sobre la denunciante, que volvió a circular tras la divulgación del video y fue comentado por el representante Daniel Briceño.
Carlos Roberto Solórzano, presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, señaló que el asunto relevante desde el punto de vista penal es establecer si existieron contratos con dineros del Estado y cuáles serían sus implicaciones. También recordó que los servidores públicos deben ser dignos «en lo público y en lo privado». La inspección en el Senado y el análisis del video hacen parte de actuaciones para esclarecer los señalamientos; hasta ahora, no se ha establecido judicialmente que existiera un intercambio de favores sexuales por contratos públicos.