El desfinanciamiento pone en riesgo la atención de millones de ciudadanos en Cundinamarca y Bogotá, con una cartera pendiente de pago de $1,7 billones.
La Comisión Regional de Moralización Bogotá-Cundinamarca tomará acciones frente a la situación financiera que enfrentan las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). En respuesta a la solicitud de la ANDI y basándose en el estudio de Punto de Inflexión de Caja, se convocará a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para revisar la situación y exigir soluciones urgentes.
El panorama es preocupante: una encuesta de la ANDI revela que solo en Bogotá y Cundinamarca hay una cartera pendiente de pago de $1,7 billones, de los cuales el 74 % corresponde a cartera vencida por EPS. Esto significa que las IPS no están recibiendo los pagos necesarios para continuar con su operación, afectando directamente la calidad del servicio y la atención a los pacientes.
Un sistema en riesgo
El desfinanciamiento ha alcanzado niveles alarmantes. Según el estudio de Punto de Inflexión, el 99,3 % de las IPS analizadas están en riesgo de quedarse sin recursos debido a los atrasos en los pagos y la falta de financiamiento del sistema de salud. Esto implica que hospitales y clínicas podrían cerrar o reducir servicios, dejando a miles de personas sin acceso oportuno a la atención médica.
La Comisión Regional de Moralización realizará un seguimiento estricto a la situación financiera del sector salud y establecerá mesas de trabajo con las EPS y las entidades rectoras del sistema para garantizar que los pagos a las IPS se realicen en los tiempos adecuados y evitar que el déficit continúe en aumento.
Desde la Comisión Regional de Moralización, se hace un llamado a los actores del sistema de salud y al Gobierno Nacional para que se implementen soluciones estructurales que permitan estabilizar la financiación de las IPS y evitar una crisis mayor.
Las Comisiones Regionales de Moralización, fueron creadas a través del artículo 65 de la Ley 1474 de 2011, se encargan de coordinar en su respectivo territorio las acciones de los órganos de prevención, investigación y sanción de la corrupción, entre otras funciones señaladas en el Decreto 1686 de 2017.