Mientras sectores de izquierda critican el modelo impuesto por Washington, desde la derecha se responsabiliza al Gobierno Petro por el revés diplomático.
La descertificación de Estados Unidos a Colombia en materia de lucha antidrogas no implica una ruptura inmediata en la cooperación bilateral, sino una advertencia condicionada. Washington mantiene la asistencia, pero exige resultados verificables en la reducción de cultivos ilícitos, el control del narcotráfico y la seguridad en regiones críticas. En la práctica, la medida funciona como un llamado de atención que puede derivar en sanciones diplomáticas o restricciones económicas si no se cumplen los compromisos establecidos.
La decisión del Gobierno de Estados Unidos en la lucha contra las drogas ha provocado una avalancha de reacciones en la arena política nacional. Precandidatos presidenciales de diversas corrientes expresaron posiciones encontradas frente a lo que consideran un hecho con profundas implicaciones políticas, económicas y diplomáticas.
María José Pizarro calificó la medida como un “acto unilateral e ilegítimo”. Aseguró que ningún país tiene potestad para juzgar a otro y que esa función corresponde a organismos multilaterales como la ONU. Criticó el modelo de cooperación antidrogas, al que responsabilizó de generar violencia y desigualdad, y alertó sobre los recortes a programas de sustitución de cultivos ilícitos.
Iván Cepeda afirmó que la descertificación refleja el fracaso del modelo antidrogas impuesto por Washington. Recordó que Colombia ha pagado los costos sociales y económicos más altos y llamó a replantear la política internacional bajo un enfoque de corresponsabilidad con los países consumidores.
Juan Manuel Galán consideró la medida “una de las peores señales internacionales en décadas”. Subrayó que el golpe no solo afecta al Gobierno, sino también la economía, el turismo, la generación de empleo y la confianza de los inversionistas.
Efraín Cepeda «La indolencia del Gobierno Petro genera consecuencias que padece el pueblo colombiano, tras el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos es descarada. En lugar de combatir al narcotráfico, Petro se pierde en polarización y campañas electorales. Es imperativo un liderazgo que priorice los intereses nacionales, abandone el odio y enfrente este flagelo con determinación».
Federico Gutiérrez aseguró que “era de esperarse”, pues en su criterio el presidente Petro “se puso del lado de los peores criminales”. Recordó que en su visita a Washington había solicitado que no se descertificara a Colombia, pero advirtió que la decisión demuestra el aislamiento internacional del actual Gobierno.
María Fernanda Cabal responsabilizó directamente a Petro por “debilitar la lucha contra el narcotráfico” y sostuvo que la descertificación era consecuencia de “una política errática y complaciente con el crimen”.
Miguel Uribe Londoño advirtió que el revés diplomático es reflejo de una política exterior débil y sin rumbo, que “pone en riesgo la cooperación internacional y la seguridad del país”.
El analista y exviceministro Rafael Nieto Loaiza sostuvo que la medida era “una crónica de una muerte anunciada”, pues el Gobierno “renunció a enfrentar el narcotráfico con seriedad”.
Más allá de los precandidatos presidenciales, la decisión también generó pronunciamientos de distintos sectores en Colombia. Empresarios han expresado preocupación por el impacto en la inversión extranjera y el comercio, mientras que analistas de seguridad advierten que la descertificación podría debilitar la cooperación militar y judicial. En el Congreso, la medida abrió un nuevo pulso entre oficialismo y oposición: mientras los aliados del presidente Petro defienden un viraje en la política antidrogas, sus detractores aseguran que la descertificación refleja un deterioro en las relaciones con Washington.